En guerra con las compañías eléctricas, con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), con los ecologistas y con parte del sector de las energías renovables, el ministro de Energía Álvaro Nadal ha encontrado un hueco para intentar hacer la paz. Su ministerio ultima un acuerdo final con la Comisión Europea y con el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, para devolver a Competencia el control de los peajes eléctricos. La parte regulada del negocio eléctrico supone casi la mitad del recibo y es un instrumento fundamental a la hora de hacer política desde el Gobierno.
El posible acuerdo, apuntan fuentes al tanto de los últimos contactos, deja la fijación de peajes a la CNMC, pero reserva al ministerio los cargos en la tarifa vinculados a las primas y a los costes extrapeninsulares. Traducido en euros: Competencia controlaría en torno a 7.000 millones y el ministerio, en torno a 11.000. Siempre, claro está, que Bruselas admita ese reparto.
Equipos técnicos de la Dirección General de Energía de la UE se reunieron a finales de enero con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, para concretar los términos del acuerdo que debe devolver al organismo regulador las competencias que perdió en octubre de 2014 por iniciativa del entonces ministro e Industria José Manuel Soria.
Cruce de textos
"Estamos avanzando para el acuerdo, cruzando textos (con los técnicos de la UE) y haciendo la redacción `fina´ de los textos legales", aseguran fuentes del departamento que dirige Nadal. El ministerio no confirma, sin embargo, que el ministro haya mantenido un encuentro en los últimos días en Madrid con el comisario Arias Cañete como relatan otras fuentes. Los servicios de la Comisión Europea tampoco confirmaron la reunión.
El cruce de documentos para "afinar" un compromiso es el último paso, sostienen fuentes conocedoras de los contactos, antes de que Cañete cumpla con las advertencias lanzadas en los últimos meses y lleve al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El comisario tiene cierta prisa. En las últimas semanas ha cerrado acuerdos con Alemania e Italia en algunos de los expedientes que ambos países tienen abiertos y quiere que España deje de ser una excepción en la UE al mantener el recibo eléctrico bajo control del Gobierno en lugar de ceder esa competencia a un organismo independiente como la CNMC.
Si Nadal y Cañete cerraran el caso, pondrían fin a un conflicto que dura cinco años y que ya forma parte de la demanda de la CNMC ante el Tribunal Supremo. El enfrentamiento con Bruselas originó primero un expediente sancionador y, en 2016, un dictamen motivado para que España modificara la normativa en dos meses -han pasado 16- o en caso contrario, se enfrentara a una demanda comunitaria en el Tribunal de Luxemburgo.
La tentación del Gobierno
En su origen -año 2013-, la CNMC iba a ser la encargada de fijar los peajes eléctricos, pero se cruzaron los efectos de seis años de crisis y el Ejecutivo cayó en la tentación de asumir la tarifa de la luz, una palanca más para hacer política. El Gobierno usó para ello un vehículo poco habitual. Coló una enmienda en una norma que nada tenía que ver con el sistema eléctrico-la Ley de Metrología 32/2014-. Con ella, cambió la Ley del Sector Eléctrico y asumió las nuevas competencias.
Desde entonces, el Ministerio de Energía y la CNMC mantienen un duro pulso que ha acabado en el Supremo. A mediados de diciembre, la Comisión aprobó presentar un recurso contencioso-administrativo en el Alto Tribunal tras comprobar que el discurso público del ministro Nadal no se correspondía con la realidad.
Mientras el ministerio manifestaba la voluntad de reformar hasta tres leyes distintas -la Ley Eléctrica, la de Hidrocarburos y la de la CNMC- para evitar un choque frontal con Bruselas, Nadal seguía manejando las riendas de la tarifa y chocando con el sector. Como lo hace ahora mismo, tras reprochar a las empresas sus continuos recursos a las disposiciones ministeriales.
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