El Gobierno ya está estudiando la opa sobre Naturgy. El análisis lo pilotan la vicepresidencia económica, Nadia Calviño, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la ministra de Industria, Reyes Maroto, en un segundo plano. En el primer tanteo de la operación lanzada por el fondo IFM se están viendo dos posturas en el seno del Ejecutivo que tiene, de momento, la 'acción de oro' en sus manos para poder autorizar o vetarla: la del área considerada más liberal y la de los partidarios de tumbar, de primeras, la toma del 22,69% de la compañía presidida por Francisco Reynés. Moncloa, de momento, guarda silencio en público pero fuentes de alto nivel ya apuntan a que la 'golden share' -o escudo 'anti-opas'- aprobada por el Ejecutivo durante la pandemia para evitar que operadores extranjeros compren activos estratégicos en España a precio de saldo no es eterna.
Naturgy es considerado por el Gobierno como uno de los "stakeholders" más importantes para el proyecto económico y empresarial que está alumbrando Pedro Sánchez. Por eso la opa lanzada por el fondo australiano es un decisión que se va a abordar al más alto nivel y que atañe directamente al presidente, explica un alto cargo de uno de los departamentos implicados en ese análisis "exhaustivo y a fondo" que se va a hacer en las próximas semanas.
En el área económica del Gobierno afirman que lo natural sería que IFM pudiera irrumpir en Naturgy sin ningún tipo de traba del Ejecutivo. Es decir, en el entorno de la vicepresidenta Calviño son partidarios de no ejercer la 'acción de oro' y permitir la operación, siempre tras estudiar en profundidad los planes de los interesados. Más que nada porque vetarla sería como "poner puertas al campo", añaden, y actuar "en contra de la economía de mercado". La propia Calviño ha señalado que el interés de los inversores es un "signo positivo de confianza" en el tejido empresarial español.
Las mismas fuentes apuntan que, en efecto, la 'golden share' no va a ser eterna y que, una vez que el actual estado de alarma decaiga, el próximo 9 de mayo, el Gobierno tendrá que levantar ese escudo. Ya hay quien está pensando en ello. En ese momento, la energética, o cualquier otra empresa estratégica, quedará desprotegida del paraguas del Estado y una opa de inversores extranjeros podrá ejecutarse sin que Moncloa o Economía puedan hacer nada. Es un escenario inevitable que llegará a medio plazo.
Desde el Ejecutivo destacan que la cuestión prioritaria en el estudio de la operación es que Naturgy mantenga su sede en España y siga generando inversiones y puestos de trabajo en nuestro país. No quieren, en ningún caso, que el centro de gestión principal y la toma de decisiones se trasladen al extranjero. La españolidad de Naturgy es innegociable para Moncloa. Desde el momento en que se registre la solicitud de autorización por parte del fondo australiano, el Gobierno dispondrá de seis meses para analizar la detallada información que se le requerirá al potencial comprador y determinar si ésta se autoriza o no.
La españolidad de Naturgy es innegociable para Moncloa. No quieren que el centro de gestión principal se traslade al extranjero
El 'fantasma' de la opa Endesa y Enel ha sobrevolado en todo momento el movimiento de IFM y a eso es, precisamente, a lo que se agarran los partidarios de tumbar la operación. Los hay en el Gobierno y aquí se encuadra un grupo de cargos del PSOE y el equipo de Unidas Podemos. Aquel proceso, tan turbulento como rocambolesco, ha tenido consecuencias nefastas no sólo sobre la actividad económica y el empleo nacional, sino sobre la influencia española en áreas como Latinoamérica donde Endesa tenía y mantiene una presencia significativa. Con Naturgy temen que pueda ocurrir algo similar y por eso son partidarios de ejercer la 'acción de oro'.
Desde el área morada del Ejecutivo, de hecho, ya han manifestado que la opa sobre Naturgy "en poco o nada coadyuva a asegurar la prevalencia del interés general. Lo que es seguro es que un fondo extranjero no tiene entre sus prioridades la tarea estratégica de asegurar el suministro universal en condiciones". El debate está sobre la mesa del Consejo de Ministros aunque, de momento, no se ha abordado en ningún cónclave en Moncloa.
Relación engrasada entre Moncloa y Naturgy
En el terreno de las relaciones político-empresariales, el núcleo económico del Gobierno y Naturgy siempre han mantenido un nexo de confianza, tanto cuando Sánchez gobernaba en solitario como durante el actual periodo la coalición. De hecho, el único viaje de 'negocios' del presidente fuera de España durante la pandemia -con permiso de los Consejos Europeos y la visita a El Vaticano para reunirse con el Papa Francisco- ha sido de la mano de la compañía energética a Argelia. Fue una visita exprés con Reynés y una reducida delegación de empresarios para sellar el acuerdo para la reducción de precios del gas entre la compañía nacional de hidrocarburos argelina Sonatrach y Naturgy tras meses de complicadas negociaciones y bajo la amenaza de un litigio internacional. Misión completada y vuelta. Reynés es, además, un habitual en las convocatoria de Moncloa con el Ibex.
En clave catalana, y a las puertas del 14-F que podría abrir paso a un nuevo Govern, la relación del Ejecutivo con Naturgy también es reseñable. La energética fue una de las grandes compañías que trasladó su sede social fuera de Cataluña por el procés independentista, un movimiento que se produjo durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero podrían resultar claves para una operación retorno que también ha calentado la patronal 'Foment del Treball' y que Naturgy nunca ha descartado si se da la seguridad jurídica para regresar.
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