El Gobierno tiene cada vez más claro que no es el momento de autorizar la opa del fondo australiano IFM a Naturgy, una operación que ya ha sido registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pero, de momento, no ante el Ministerio de Industria. En el área política y económica del Ejecutivo, no obstante, siguen aumentando día tras día los partidarios de vetar la compra del 22,69% de la energética. Moncloa, tal y como adelantó La Información el pasado lunes, se inclina por decir 'no' y en los ministerios empiezan a pensar de manera similar, aunque en un primer momento opinaban que no había que "puertas al campo". Fuentes gubernamentales esgrimen, además, una razón de peso para que la mayoría de la compañía no acabe en manos extranjeras: la "seguridad nacional".
La opa sobre Naturgy es ya considerada en el Gobierno como "una operación de Estado" por las implicaciones que tendría en el país que la energética que hoy preside Francisco Reynés tomara determinadas decisiones. En concreto, las fuentes consultadas hablan de Naturgy como una compañía clave para la citada seguridad nacional por las infraestructuras críticas que se encuentran bajo su control. España es un país dependiente energéticamente, por lo que el Gobierno quiere asegurar en todo momento que el suministro energético no corra peligro. Proteger a las empresas que controlen las "infraestructuras críticas" es, en este sentido, esencial para el Ejecutivo.
Las fuentes consultadas citan en este sentido el gaseoducto Medgaz, la infraestructura que une España y Argelia a través de Almería y en el que Naturgy se reparte el control con Sonatrach. Fue la primera gran operación corporativa de Reynés como presidente y ahora este gaseoducto es una de esas infraestructuras críticas que cita el Gobierno para garantiza el suministro energético de España a través del norte de África. Un detalle: el accionariado de Medgaz está compuesto Sonatrach y Medina Partnership, que está a su vez participada al 50% por Naturgy y por BlackRock.
El Gobierno quiere asegurar que el suministro energético no corra peligro y Naturgy es socio del gaseoducto Medgaz que une España y Argelia
Moncloa, de hecho, se volcó con Naturgy el pasado mes de octubre cuando surgieron problemas entre la energética española y sus socios de Sonatrach. Ha sido el único viaje de 'negocios' del presidente del Gobierno fuera de España durante la pandemia -con permiso de los Consejos Europeos y la visita a El Vaticano para reunirse con el Papa Francisco- y el objetivo era sellar un acuerdo para la reducción de precios del gas tras meses de complicadas negociaciones y la amenaza de un litigio internacional. Sánchez subió al avión y estrechó las relaciones con el gobierno de Argel.
Naturgy y la "vulnerabilidad energética" de España
El propio Gobierno reconoce que España cuenta con una "vulnerabilidad energética" que le hace necesitar de infraestructuras críticas como el citado gaseoducto argelino. Las fuentes gubernamentales consultadas se remiten en este sentido a los informes que elabora el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de la Presidencia del Gobierno, un órgano de asesoramiento directo del Pedro Sánchez en materia de inteligencia y que dirige el general Miguel Ángel Ballesteros. En el último informe sobre "amenazas y desafíos para la seguridad nacional" se puede leer que "el suministro energético es clave para un país como España, que depende para su abastecimiento en gran medida de zonas como África del Norte o el Golfo de Guinea".
En este sentido, añade el DSN, "la inversión en infraestructuras energéticas, su mantenimiento y modernización es crucial". Y concluye: "Es por ello prioritario garantizar el suministro de energía y asegurar su abastecimiento, de una forma sostenible medioambiental y económicamente, en un contexto de transición energética hacia un modelo más seguro y más eficiente". El departamento actualizará este 2021 su Estrategia de Seguridad Nacional, en vigor desde 2017, y, en concreto, revisará la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, que data del año 2015, con Mariano Rajoy en La Moncloa. El Consejo de Seguridad Nacional, donde también participa el CNI y representantes de varios ministerios, lleva desde octubre trabajando en estos documentos.
Con estas premisas, en Moncloa se inclinan por mantener el actual 'statu quo' en Naturgy y, por tanto, hacer uso del mecanismo 'anti-opas' que aprobó el Ejecutivo durante la pandemia para evitar que inversores extranjeros adquirieran participaciones de referencia en compañías consideradas estratégicas para el Estado. En el caso de Naturgy, Rioja (CVC y los March) controlan un 20,72%, y el fondo de infraestructuras estadounidense GIP dispone del 20,64%. Desde la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño, por su parte, rechazan realizar comentarios sobre la opa de IFM hasta que se presente formalmente la solicitud, si llega. Unidas Podemos ya ha hecho pública su negativa a autorizar la compra.
El 'fantasma' de la opa sobre Endesa de Enel, además, sigue sobrevolando en todo momento la opa de IFM. Fue un proceso que aún sigue teniendo sus consecuencias, tanto en España como fuera de las fronteras nacionales por la influencia de la eléctrica hoy con sede en Italia en Latinoamérica. Con Naturgy hay quien teme en el Gobierno que pueda ocurrir algo similar.
La predisposición de Moncloa de vetar la opa de IFM sobre Naturgy le evitaría, además, un problema a Criteria que, de momento, no se ha posicionado sobre la operación. De hecho, fuentes empresariales consultas por La Información indican que el holding de La Caixa estaría esperando a que el Ejecutivo de coalición ejerciera la citada 'acción de oro' sobre su participación en la energética para no tener que rechazar una operación cifrada en más de 5.000 millones por parte de los inversores australianos.
La predisposición de Moncloa de vetar la opa de IFM sobre Naturgy evitaría, un problema a Criteria (La Caixa) que por ahora no se ha posicionado
Un detalle importante: en Moncloa no hay divisiones sobre este asunto. Lo que defiende Pedro Sánchez e Iván Redondo, su jefe de gabinete, lo apoyan Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, y Manuel de la Rocha, secretario general de Asunto Económicos. También Francisco Salazar, el adjunto de Redondo. No existen fisuras, por tanto, en el triunvirato moncloavita, indican las fuentes consultadas, sobre la principal operación empresarial que sobrevuela la era Sánchez.
Las dudas sobre la opa siguen llegando, además, desde diversos frentes. Este mismo miércoles el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, exponía públicamente sus dudas al afirmar que el Gobierno "no puede quedar al margen" de la operación. "Es importante que tengamos un cierto control, no estoy promoviendo la intervención, pero sí un cierto control de aquello que es estratégico; me parece muy importante esa consideración, porque la privatización, si no lleva acompañada esa observancia, pues no me parece bien", añadió el también secretario de Organización del PSOE.
Y también hay opiniones en este sentido que llegan desde fuera del Ejecutivo. Es el caso del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que afirmó que en un momento como el actual "puede tener sentido" que los gobiernos puedan impedir intentos de compra de empresas nacionales por parte de fondos extranjeros. "Los países europeos han tomado ese tipo de decisiones porque estamos ante unas circunstancias excepcionales", señaló. "Uno trata de prevenir efectos no deseados en un entorno en el que uno no puede hablar de libre competencia cuando una buena parte del tejido productivo en prácticamente todos los países está siendo sostenido por el sector público", añadió.
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