"Mejorar la atención que la Administración General del Estado presta a los ciudadanos garantizando que se les atiende en la lengua que éstos dominan". El impulso de la utilización de las lenguas cooficiales -galego, catalán, euskera y valenciano- en los servicios de atención al público de la Administración del Estado fue uno de los toques que el Ministerio de Función Pública socialista, en aquellos días en manos de Meritxell Batet, añadió al acuerdo marco para la mejora de las condiciones de los empleados públicos que apenas unos meses antes Cristóbal Montoro había rubricado con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública y que había concretado entre otras muchas cosas las subidas salariales a aplicar en el trienio 2018-2020.
La llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa en 2018 coincidió en el tiempo con un animado debate político y jurídico sobre la validez legal de que gobiernos autonómicos como la Generalitat de Cataluña, el Govern balear, el valenciano, el Gobierno Vasco o la Xunta de Galicia exigieran el dominio de las lenguas cooficiales en esos territorios para acceder a plazas de empleados públicos. Las protestas de algunos opositores habían llegado a los tribunales, cuyos fallos han acostumbrado a atender las demandas de los afectados bajo el argumento de que tal requisito -concretado en muchos casos en la realización de un examen de nivel a modo de criba- atentaba contra el derecho a la igualdad que debe regir en todo proceso de selección dentro de la Administración del Estado.
Para sortear esta espinosa cuestión, objeto permanente de fricción en la relación con los Gobiernos autonómicos e incluso con los sindicatos del sector público, la primera ministra de Función Pública del Gabinete de Pedro Sánchez y ahora presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, optó por orillar cualquier reforma legislativa que prohibiera taxativamente la realización de esos exámenes -lo que le hubiera supuesto un conflicto seguro con los gobiernos autonómicos- y por abordar la cuestión por la vía de los estímulos, al menos en el caso de la Administración del Estado.
La estrategia de Batet actuaba en una doble vía. Por un lado, se impulsaría la formación en lenguas cooficiales del personal al servicio de la Administración del Estado para conseguir que los ciudadanos de territorios en los que hay dos lenguas oficiales pudieran ser atendidos indistintamente en cualquiera de las dos sin necesidad de tener que recurrir a garantizar ese conocimiento en los exámenes de acceso a la Función Pública. Por otro, se establecería un nuevo plus salarial en las nóminas de las funcionarios de las oficinas de atención al público para premiar a aquellos que pudieran ofrecer esa atención en dos lenguas. Además, Función Pública también decidió incorporar el dominio de una lengua cooficial como un mérito a tener en cuenta en los concursos para conseguir el traslado a otras comunidad autónoma.
La formación en lenguas cooficiales acaba en fiasco
El Gobierno convocó el 24 de octubre de 2018 cuatro módulos de formación de 150 horas, uno para galego, otro para catalán, otro para euskera y otro en valenciano, para impulsar el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Se presentaron 2.720 solicitudes de empleados públicos para esos curso y se admitió a 2.513 personas, según detalla la Memoria del Instituto Nacional de Administración Pública, el órgano dependiente del Estado que coordina y desarrollo el plan formativo de la Administración del Estado para sus empleados.
Por su naturaleza, el curso de impartió online y se encomendó a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Los resultados han estado lejos de ser satisfactorios hasta el punto de que el INAP se está planteando un cambio radical en el planteamiento del curso. El interés que despertó el curso entre los empleados públicos - probablemente alentado también por la promesa de un nuevo complemento salarial por el uso de lenguas cooficiales- y la elevada tasa de cobertura sobre las solicitudes presentadas no se correspondió en los meses siguientes con el éxito del mismo. Según la información publicada por el INAP, solo uno de cada tres empleados públicos que han realizado ese módulo de formación han conseguido superarlo, con tasas aún más bajas -de apenas el 18%- en el módulo de lengua gallega.
El principal problema es que en muchos casos los funcionarios no han superado el curso porque decidieron abandonarlo antes de su finalización. El INAP admite una elevada tasa de abandono que explica en que "la formación no ha respondido a las demandas de los participantes" y que queda subrayada por la mala evaluación del curso realizada por los alumnos, que no llega siquiera al aprobado en ninguno de los módulos activados por el Gobierno: catalán (4,93), euskera (3,49), gallego (3,96) y valenciano (4,60). El propio INAP reconoce el fiasco de los cursos y anticipa que de cara a 2020 "se trabajará en mejorar la calidad de este tipo de acciones formativas, prestando especial atención a la elaboración de contenidos propios y a la selección del personal docente".
En el plano salarial, pese a que el acuerdo para la distribución de los fondos adicionales previstos en el acuerdo de subida salarial de los funcionarios contemplaba la activación en 2020 del plus salarial por el dominio de lenguas cooficiales, éste está todavía pendiente de desarrollo en el ámbito de la Administración del Estado, donde esta negociación se ha quedado en el tintero por la irrupción del coronavirus.
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