Navarra adelantará "sin duda" la extra si el Parlamento lo aprueba

Pamplona, 5 dic.- El Gobierno de Navarra pagará "sin duda" a los funcionarios en enero la paga extraordinaria de junio, si lo aprueba la ponencia parlamentaria, y defenderá este adelanto "si se pone en cuestión desde cualquier otra administración".

Así lo ha asegurado hoy el portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien, ante el debate que lleva a cabo al respecto la ponencia creada en el Parlamento, se ha ratificado en que el adelanto de la paga extraordinaria es "la solución más realista".

"Es una medida legal, viable y que garantiza que los funcionarios reciban el mes de enero esta paga de Navidad y ese dinero pueda dedicarse a incentivar el consumo", ha valorado Sánchez de Muniáin en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los acuerdos adoptados por el Gobierno en su sesión semanal.

El portavoz ha advertido además que el resto de medidas pueden incurrir "en una vulneración de la legalidad", con lo que, además de que puede resultar "temeraria" su aplicación, "iban a estar abocadas al fracaso", ha dicho.

"Todas aquellas medidas que pasan por saltarse el cumplimiento de la ley básica, en ningún caso garantizan que el dinero vaya a llegar a los funcionarios", ha enfatizado el consejero portavoz, quien ha recordado que los acuerdos adoptados por diferentes administraciones al margen de esta normativa básica "tienen más que seguro introducido un recurso del Estado".

En cualquier caso, tras subrayar que en estos momentos tiene que pronunciarse sobre este asunto el Parlamento, ha sostenido que "los hechos objetivos avalan la conveniencia de que las medidas propuestas por el Gobierno salgan adelante".

Unas medidas que además, ha agregado, están siendo replicadas por otras administraciones, al tratarse de "viables y jurídicamente posibles".

El adelanto de la paga extraordinaria, ha insistido, "se hace desde el cumplimiento de la ley básica por la cual se suprime la paga correspondiente al 2012 por imposición del Gobierno central y se hace al amparo de la plena autonomía en materia de función pública".

Estas competencias "en ningún momento se pueden ver afectadas hasta el punto de impedir la distribución del gasto en materia de personal del Gobierno", ha concluido.