Managua, 24 abr.- Nicaragua espera resolver en un plazo máximo de cuatro años los reclamos de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en el primer régimen sandinista, en la década de 1980, que el Gobierno cifra en 285 casos.
El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, dijo en una conferencia auspiciada por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), en Managua, que el Ejecutivo "espera resolver (los reclamos de propiedades) en tres o cuatro años".
El abogado del Estado precisó que un total de 159 ciudadanos estadounidenses esperan respuesta de 285 casos de disputa de propiedad presentados ante la Procuraduría General de la República.
Estrada aseguró que el Estado nicaragüense tiene presupuestado 22 millones de dólares para pagar a los reclamantes en el plazo máximo de cuatro años.
Precisó que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega ya resolvió 40 casos en lo que va de año, y espera totalizar 66 casos para cuando termine 2013.
Esa cantidad es similar a la del año pasado, cuando dio respuesta a 65 casos, agregó.
Estrada explicó que los casos más retrasados corresponden a quienes no tienen pruebas de sus propiedades y los que reclamaron para luego desaparecer.
"Hay reclamantes que no sabemos dónde están. Le hemos pedido a Estados Unidos que nos ayude (a localizarlos). Hay otros que no sabemos si es un legítimo heredero o si legítimamente poseía (el inmueble)", señaló.
Para ayudar a la solución de los casos que no avanzan, la Procuraduría y Amcham suscribieron un convenio para facilitar el acercamiento entre los reclamantes y el Gobierno de Nicaragua.
"Esto le va a dar confianza a los remanentes que quedan por reclamar, algunos no tienen documentos que presentar, entonces es mejor que haya una instancia, un tercero, que pueda dirimir alguna diferencia entre el gobierno y los reclamantes", manifestó Estrada.
El funcionario dijo confiar en que Estados Unidos concederá una nueva prórroga a Nicaragua en su exigencia de resolver los reclamos, lo que permitirá al país recibir ayuda de esa nación este año, en reconocimiento a los avances obtenidos en la solución de los casos.
La dispensa es una prórroga anual que otorga Washington mediante la cual se suspende temporalmente la aplicación de una serie de sanciones financieras o de otra índole, en este caso a Nicaragua por la confiscación de tierras a estadounidenses en la década de 1980.
La prórroga de un año, efectiva hasta el 29 de junio de 2013, se aplica en aquellos países donde los ciudadanos estadounidenses no hayan recibido una indemnización adecuada y efectiva por sus reclamos de propiedades confiscadas, como es el caso de Nicaragua.
La prohibición de ayuda que dispone la sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores de 1994 y 1995 se aplica a todo país que se encuentre en esas mismas condiciones, no solo a Nicaragua, de acuerdo a la información oficial.
El asunto de los reclamos de propiedades se remonta a las confiscaciones hechas por los sandinistas y que originaron la llamada "piñata", como comúnmente se conoce en este país al reparto entre sandinistas de los bienes confiscados a la familia Somoza y a sus allegados en la década de 1980.
El Estado nicaragüense ha pagado 1.279 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses que han reclamado sus propiedades en este país centroamericano, desde que entró en vigor la Sección 527, según cifras oficiales.
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