Los pagos fueron autorizados el martes por el congreso mediante un decreto que autoriza al Estado a emitir bonos hasta de 6,8 millones de dólares, precisó la Asamblea Legislativa en su página de internet.
El diputado opositor de la disidencia sandinista, Víctor Tinoco, explicó a la AFP que las indemnizaciones corresponden al valor de 25% de las acciones que los trabajadores tenían en antiguos ingenios estatales que fueron privatizados a inicios de los la década de 1990.
En esa ocasión, el Estado indemnizó a unos 4.000 cañeros, dejando pendiente el pago a 2.335 obreros a los cuales el actual gobierno decidió cancelar como parte de un acuerdo que firmó el año pasado con la Asociación de Ex Trabajadores Cañeros de Nicaragua (Asocan), indicó Tinoco.
La iniciativa a favor de los cañeros contó con el respaldo de la bancada del gobernante Frente Sandinista de izquierda y los dos grupos de oposición que integran el parlamento, de 92 escaños.
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