El derecho de autodeterminación al que apelan los independentistas en Cataluña ya fue ejercido en el pasado por más de un centenar de países que celebraron, desde el final de la II Guerra Mundial, un referéndum para que una parte de su territorio se separase de ellos. En la gran mayoría de ellos triunfó el sí, pero las consecuencias económicas no fueron para ellos las esperadas ya que la amplia mayoría ocupa los puestos más bajos del ránking en lo que a renta per cápita se refiere.
La tabla de países con mayores ingresos por ciudadano la encabeza Luxemburgo, con 102.831,3 dólares, seguida de Suiza, con 78.812,7, y Noruega, con 70.812,5, según los datos del Banco Mundial. España, por su parte, ocupa el puesto 29, con 26.582,5 dólares per cápita. Para encontrar dentro de ese ranking de países más desarrollados al primer país de los que consiguieron su independencia tras un referéndum, hay que bajar justo una posición más que España, hasta el puesto 30, donde se sitúa Malta (ganó el sí a la separación del Reino Unido por un 54,5% de los votos). El PIB por ciudadano es en este país mediterráneo de 25.058,2 dólares.
Tras Malta, la lista de países que hoy son independientes tras la victoria del 'sí' en un referéndum continúa con algunas de las repúblicas bálticas que se separaron de la extinta URSS, algunas zonas de África con economías del Tercer Mundo u otros países en desarrollo típicos de la escisión de los Balcanes o de Oriente medio. Precisamente, los últimos territorios en celebrar referéndums y conseguir la independencia han sido Kurdistán esta semana, Sudán del Sur (2011), Montenegro (2006) y Timor Oriental (1999).
El PIB per cápita de Cataluña se situó en 2016 en los 28.590 euros, superando el mejor dato histórico de 2008 (28.332). Los catalanes solo se sitúan por detrás de madrileños, vascos y navarros, y están dentro del grupo de regiones con mayor renta y dinamismo económico de Europa.
Se han hecho muchas cábalas sobre cuál sería la caída del PIB en caso de una hipotética independencia de Cataluña, hasta el punto de que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó hace unos días que la repercusión sería "muy negativa" y cifró el desplomé entre el 25 y el 30%. Por otra parte, un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores durante la etapa de José Manuel García-Margallo fijaba la caída del PIB catalán en el entorno del "20% con unos supuestos conservadores".
Dentro de esos márgenes, un informe elaborado por un grupo de expertos para las mayores empresas del país colocaba el descenso del PIB catalán, en caso de desgajarse de la economía española, en el orden del 35%, sobre todo por la caída de las inversiones exteriores y el descenso del comercio, tanto con el resto de España como con la UE y terceros países.
Un referéndum ilegal y que nadie reconoce
El Gobierno de Mariano Rajoy considera que existe una clara diferencia entre el referéndum que pretenden celebrar los independentistas catalanes y el resto de votaciones celebradas desde hace casi setenta años en todo el mundo: la legalidad y el reconocimiento. Para Moncloa, lo que suceda este domingo está fuera de la ley por cómo se aprobó la Ley que lo convocaba en el Parlament, porque no hay urnas, censo, sindicadura... "No tendrá efecto político alguno", aseguran.
A ello hay que añadir que la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que define la convocatoria de referéndums, ha concluido esta misma semana que lo que pretende la Generalitat con el apoyo de la CUP no cumple con los estándares necesarios y que, además, no se han seguido las recomendaciones legales para convocarlo. El Gobierno de Rajoy ya ha manifestado que ante un "acto ilegal" los representantes públicos que lo han promovido deberán responder penal y patrimonialmente ante los tribunales de justicia.
A menos de 24 horas de la posible celebración de la consulta, todos los agentes económicos y políticos europeos han dejado claro que una hipotética independencia de Cataluña supondría su salida automática de la Unión Europea y la pérdida del euro como moneda oficial. Más allá de las implicaciones políticas, todos admiten que las consecuencias económicas para las familias y las empresas de tal situación tendría unas consecuencias económicas imprevisibles y, hasta el momento, incalculables. Lo que está claro es que Cataluña dejaría de estar en el top de las regiones (o los países) más ricos de Europa, para pasar a ser una economía en incertidumbre.
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