Ningún país reflexiona qué hacer con los genocidas, afirma dirigente chilena

Santiago de Chile, 11 sep.- La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD), Lorena Pizarro, criticó hoy al Gobierno por la evaluación de asilo político al juez argentino Otilio Roque Romano, acusado en su país por violación a los derechos humanos.

"En todos los países de este planeta la gente encarcela mientras se resuelve la situación de los genocidas", enfatizó Pizarro este domingo mientras participaba de un acto en homenaje a los caídos bajo la dictadura militar chilena (1973-1990).

El magistrado argentino solicitó refugio en Chile, adonde viajó después de que fuera citado para responder a cargos por su participación en más de un centenar de delitos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Fuentes del Ministerio del Interior chileno dijeron a Efe que a los solicitantes de refugio se les entrega una visa temporal de ocho meses hasta que se define su situación, de acuerdo con la Ley de Protección al Refugiado.

"En ningún país de esta tierra, la gente reflexiona qué hace con los genocidas", recalcó Pizarro.

"Le diría al Gobierno que el terrorismo y el genocidio, no es moneda de cambio con otras cosas. A los terroristas y genocidas se les persigue, por eso que la comunidad internacional entera crea cada vez más leyes que impidan la impunidad y el terrorismo", añadió.

Pizarro aludía a la declaraciones del senador de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) Víctor Pérez, quien propuso acordar con el Gobierno argentino un intercambio entre el juez Otilio Romero y el exguerrillero Galvarino Apablaza, radicado en Argentina desde 1993.

Apablaza, antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet, está procesado en Chile por el asesinato en 1991 del senador derechista y fundador de la UDI Jaime Guzmán.

En septiembre de 2010, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), un organismo interministerial del Ejecutivo argentino, decidió otorgar refugio político al exguerrillero, lo que bloqueó la petición de extradición a Chile y causó molestia en el Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

El juez Otilio Romano está procesado como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante la última dictadura militar en Argentina, cuando fue fiscal de la provincia de Mendoza (oeste), vecina a Chile.

A raíz de ese proceso, el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la designación y control de jueces, suspendió por unanimidad a Romano el pasado 25 de agosto, un día después de que éste viajara a Santiago de Chile.

Luego de que se conociera su salida de Argentina, un juez citó a Romano para que se presentara ante los tribunales de Mendoza, pero cumplido el plazo este miércoles, y al desconocer el paradero del juez, los querellantes de la causa pidieron su captura internacional.