Después del terremoto jurídico que se produjo a principios de esta semana y que echó por tierra el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no eran pocas las voces que desde dentro y desde fuera del Ministerio de Justicia advertían que ese fracaso era mayor razón que cualquier otra para que cayera la cabeza de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Más incluso que las grabaciones de Villarejo o el poco interés que en su día puso para defender al juez instructor del procés Pablo Llarena en Bruselas. El ‘whatsapp’ de Cosidó, lo escribiera él o no, fue el detonante de una situación que hizo explotar al candidato a presidir el CGPJ y el Supremo, Manuel Marchena, anunciado antes de ser designados los vocales que lo debían elegir, y le obligo a renunciar al puesto y abrir una crisis sin precedentes en los dos organismos judiciales más importantes del país, en el seno del Ministerio que los regula y en todo el colectivo de jueces, fiscales y letrados, donde es complicado en estos momentos buscar a alguien que de su apoyo a la ministra.
En un primer momento y entre acusaciones recíprocas de PSOE y PP por haber precipitado la situación de mala manera, el cambio que se vislumbraba en le tablero de ajedrez de la Justicia era el de peón por dama: el portavoz popular en el Sendo, Ignacio Cosidó, por la dama de la justicia en el Gobierno, Dolores Delgado. El problema era que, en ese momento y en el fragor de la batalla, no se sabía de qué parte del tablero procedía la jugada: eran las ‘blancas’ huestes de Sánchez las que querían que Marchena quedara mal y aprovechaban la situación para promover los cimientos de un acuerdo que les daba mayoría numérica (que no real) en el órgano de control de los jueces; o eran las fichas ‘negras’ de la oposición popular las que disparaban a la cabeza de la dama contraria, por pura ambición política, con la excusa de haber revelado antes de tiempo el nombre del presidente y minado la credibilidad de la institución.
Desde las filas del PP, Pablo Casado y su alfil Catalá, pedían la dimisión de la dama blanca; en el PSOE, el rey Sánchez se enrocaba con su torre y pedía la salida del peón Cosidó. Un mal cambio que finalmente no se ha hecho pero que ha dejado tocadas a ambas partes. “El listón de las dimisiones de ministros está muy bajo -advierten fuentes jurídicas muy cercanas al caso-, pero tal vez haya más razones para que dimita esta ministra que para cualquiera de las dimisiones que hasta ahora se han producido”. Desde las alturas de la magistratura, uno de sus componentes más veteranos ya jubilado asegura que la ministra no ha salido del Gobierno porque a Sánchez ahora, con el juicio del procés delante, sin presupuestos y ante la amenaza continua de convocar unas elecciones, “le interesa más tener a una ministra quemada, para lo que pueda servir, que quemar a otra”.
El procés es la pieza que está en juego
En el entorno de los despachos, las fiscalías, los jueces y demás estamentos del ámbito jurídico se ha dado por hecho ya que el conservador Manuel Lesmes va a seguir al menos un año más al frente del CGPJ y el Supremo, tal vez a su pesar, tras los últimos vaivenes del alto tribunal con el conflicto del impuesto de las hipotecas y el ‘gatillazo’ para renovar el Consejo. Con la reputación de las instituciones judiciales por los suelos, todas las fuentes consultadas advierten que la batalla no es ya la renovación de los jueces, sino el juicio del procés.
Desde el área de los jueces, varias asociaciones han advertido ya que Manuel Marchena y Dolores Delgado se van a ver ahora las caras en un proceso en el que se juega algo más que decidir si el delito es rebelión o sedición. Los colectivos de jueces se han arrogado el triunfo de haber desbaratado la jugada de que se nombre a un presidente del CGPJ sin respetar la opinión de los vocales que deben elegirlo, solo por ambición política. Pero los magistrados saben que Manuel Marchena llega ahora a la pelea muy tocado en su credibilidad, a pesar de que le honra el haber renunciado a algo, “que le apetecía hacer porque tenían ideas nuevas que aportar y quería hacerlo, pero que no por ese camino”, aseguran.
Otras fuentes del ámbito de los fiscales advierten que la reprobación que le pueden hacer al juez de la Sala de lo Penal, tras las dudas lanzadas ahora sobre la Audiencia Nacional y el Supremo desde el Tribunal de Estrasburgo por el caso Otegi, “coge fuerza con el mero hecho de que en el proceso le pongan delante el famoso ‘whatsapp’ de Cosidó y su amistad con Catalá y con otros miembros del PP”. Hay quien ve incluso “una gran torpeza de los populares” en haber derrumbado el acuerdo para el CGPJ, porque “pone en bandeja la cabeza de Marchena al enemigo en pleno juicio al procés”.
Los movimientos en esa pelea han empezado a darse ya, con la destitución de Edmundo Bal, el hasta esta semana responsable del Departamento Penal de la Abogacía del Estado, en el que ha estado al frente más de 16 años. Es muy difícil encontrar a alguien en entre jueces, fiscales y abogados que hable mal de Bal, una figura reconocida por todos dentro del derecho penal, “que ha tenido muchas ofertas para salir de la Administración y ganar mucho dinero fuera, pero nunca lo ha hecho”. “Es el único abogado del Estado que de verdad conoce bien el derecho penal -asegura un abogado experto en este ámbito-, muy apreciado desde la judicatura (incluido el propio Marchena), que da seguridad jurídica y prestigio a todos los procesos y sabe conectar bien con las salas de la Audiencia y el Supremo”.
La ministra se ha desecho de él ante “la pérdida de confianza” que supuso el hecho de que no firmó el papel de la Abogacía del Estado en el que se calificaba de sedición, que no rebelión, el delito principal en el juicio al procés. “Las pérdidas de confianza se dan en el sector privado, no en la Administración -asegura un magistrado que ha pasado por ello-, y justificar así la salida de Edmundo, está cerca del abuso de poder”. Otro experto en el área de lo contencioso-administrativo advierte que esa “perdida de confianza habría que justificarla de alguna manera, no sólo porque alguien de ese nivel y prestigio se ha negado a firmar un papel”.
“Llegados a este punto, está claro que la pieza que todo el mundo ambiciona ahora es el procés”, concluyen fuentes judiciales, pero con una ministra en entredicho por el escándalo en la renovación del CGPJ, frente a un juez “laminado” en ese proceso político y con una mayoría de jueces y fiscales en la calle en una huelga histórica y pidiendo más recursos, que no va a parar. “Todo eso sin hablar de Villarejo y su traca final…”, señalan.
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