Protocolizó los SMS de la trama

El notario de Kitchen no se libra: el juez insiste en investigar el soplo a Martínez

El magistrado desoye la petición del exsecretario de Estado y mantiene que se debe indagar en una causa separada si cometió revelación de secretos.

francisco martínez audiencia nacional
Martínez mantiene un duro pulso con su exjefe por los mensajes con los detalles de la trama. 
Agencia EFE | L.I

La investigación por la trama Kitchen arranca en el 2021 en el mismo punto en que se quedó el año pasado, es decir, centrada en los mensajes de texto que habría enviado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz sobre el operativo de espionaje a Luis Bárcenas. El avance de las pesquisas en relación a la protocolización de estos SMS llevó al juez a citar a los notarios que dieron fe de los mismos. Y no solo eso sino que dio un paso más y pidió que se investigase si uno de ellos, Alberto Vela, cometió delito de revelación de secretos con el chivatazo que dio a Francisco Martínez. Ahora, y tras escucharle en sede judicial, el magistrado mantiene su tesis y declina la pretensión del exsecretario de Estado de archivar esta línea de investigación.

Así lo responde el instructor Manuel García Castellón en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el que explica que, a la vista de lo indagado en esta pieza séptima del caso Tándem, existen "indicios suficientes" para abrir un procedimiento penal contra este notario de Mahón al que recurrió Martínez para protocolizar los mensajes antes de su imputación en la causa. El exsecretario de Estado de Seguridad recurrió la decisión del juez del pasado 23 de noviembre de acordar una batería de diligencias en aras a esclarecer si Fernández Díaz fue realmente la persona que envió a su entonces subordinado estas indicaciones sobre el operativo parapolicial de espionaje al extesorero del Partido Popular. 

Entre las actuaciones acordadas, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se encontraba escuchar en la Audiencia Nacional a los dos notarios escogidos por Martínez. Sin embargo, en el caso de Vela advirtió que tendrían que incoarse unas nuevas diligencias en Menorca por una presunta revelación de secretos. Esto es así porque la Policía Judicial descubrió tras el estudio de los dispositivos de Martínez, una cadena de mensajes que éste se intercambió con el notario el pasado 11 de marzo, coincidiendo con el requerimiento que le efectuó el Consejo General del Notariado para aportar las actas que tuviera relativas a este cliente concreto. 

Los whatsapps de Martínez

El magistrado de la Audiencia Nacional asegura que Vela estaba perfectamente apercibido para que guardara secreto de esta diligencia y, pese a ello, se comunicó con Martínez, a quien le une una amistad. En esos mensajes se preguntaban cómo se podía borrar el chat y, además, el notario le pedía hablar con él por teléfono. Ambos han negado que esa conversación tuviera algo que ver con los pormenores que se investigan en el caso pero el instructor no cambia su criterio y considera que se debe abrir un procedimiento penal para investigar estos hechos fuera del caso Villarejo. "Corresponderá ahora al órgano competente esclarecer si, a partir de estos indicios, resulta o no debidamente acreditada la existencia de algún tipo de responsabilidad", razona.  

Además responde a Martínez que todas las diligencias de investigación acordadas son "útiles, necesarias y pertinentes" en aras a esclarecer quien dio la orden de espiar al extesorero del PP para sustraerle documentación sensible que podría comprometer al partido en plena investigación penal por la caja 'b'. Mientras tanto la batalla entre Martínez y el que fuera ministro del Gobierno de Rajoy parece convertirse en epicentro de esta parte del caso Tándem tras la imputación de ambos. De hecho, Fernández Díaz mantiene la tesis defendida en su interrogatorio y posterior careo con su subordinado y niega ser el autor de estos mensajes, en los que se hablaba del chófer de Bárcenas (convertido en topo policial) así como del resultado del volcado de los dispositivos sustraídos al político. 

Tanto es así, que la defensa de Fernández Díaz, en uno de sus últimos escritos remitidos al juzgado, mantiene que la conversación entre el notario y Martínez sí guardaba "relación directa" con el contenido del acta notarial de junio de 2019. Al respecto, alega que ese acta se entregó en "extrañas circunstancias" y que se hace necesario recabar más documentación al respecto, después de que el propio Vela se acogiera a su derecho a no responder a preguntas formuladas por las partes en su declaración en sede judicial. En concreto, lo que pide el exministro es que el Consejo General del Notariado acredite la petición de los archivos a Vela, así como el canal empleado para pedirle esta documentación y la respuesta del fedatario.

El brazo político de Kitchen

Igualmente también solicita al instructor que cite al perito de parte para que ratifique su trabajo en el que cuestionó la veracidad de las actas notariales en las que se escudó Martínez para asegurar que el cometido costeado con fondos reservados del Estado venía de la cúpula del Ministerio. Con todo, el foco no solo reside en esta parte concreta de la pieza sino también en las últimas declaraciones celebradas en la Audiencia Nacional. El magistrado abrió una pieza secreta para interrogar de nuevo al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, y al propio político. Ambos declararon a puerta cerrada en relación a la contratación del topo policial el cual, según ha podido saber este diario, detalló las órdenes concretas que recibió de la cúpula policial para sustraer a Bárcenas la documentación del PP. 

A todo ello hay que sumar la comparecencia de Eugenio Pino el pasado 14 de diciembre. El exnúmero dos de la Policía, que ya figuraba como imputado en esta pieza, confirmó los mensajes que obran en el sumario uno de los cuáles hacía referencia a que Villarejo recibió órdenes de María Dolores de Cospedal y de su marido Ignacio López del Hierro. La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de ambos para esclarecer si recurrieron a los servicios del comisario jubilado en aras a controlar a Bárcenas y reducir algunas investigaciones penales que afectaban al partido. No obstante, el instructor consideró prematura la diligencia y decidió esperar al avance del caso. Lo que sí ha ordenado es recabar más documentación a Interior sobre el uso de los fondos reservados para esta operación que se gestó entre los años 2013 y 2015 y que contó con Esgueva además de otros colaboradores policiales.

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