María José de la Fuente y de la Calle, licenciada en Derecho, letrada del Estado con destino en el Tribunal de Cuentas desde 1993, consejera del organismo desde el año 2012 y a día de hoy responsable de las Áreas de Fiscalización de Entidades Locales y corresponsable de la peliaguda Sección de Partidos Políticos ha sido propuesta este lunes por el Pleno del órgano fiscalizador para convertirse en la nueva presidenta del Tribunal de Cuentas en sustitución de Ramón Álvarez Miranda, que ha ocupado dicho cargo desde el año 2012.
La normativa reguladora del órgano fiscalizador exige que el nombre propuesto por el Pleno del Tribunal de Cuentas sea ratificado ahora por el Rey Felipe VI. María José de la Fuente se convertirá tras este trámite formal en la primera mujer al frente del Tribunal de Cuentas.
De la Fuente, licenciada en Derecho y letrada asesora de Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas, acumula 25 años de experiencia en el Tribunal de Cuentas desde que entrara por oposición como letrada del Estado en el año 1993. Desde entonces ha pasado por el Departamento de Fiscalización de Comunidades y Ciudades Autónomas y por el Departamento Jurídico antes de aterrizar en su primer gran destino: la Dirección de la Unidad de Enlace del Tribunal de Cuentas española con el de la UE, puesto que le abrió el camino a la Dirección de Relaciones Internacionales de la institución, un puesto clave en un contexto de armonización de la contabilidad pública a nivel europeo.
Encargada de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos
Entró en el Consejo del Tribunal de Cuentas en 2012, coincidiendo con el nombramiento como presidente de Ramón Álvarez Miranda, como responsable del Departamento de Entidades Locales, encargado de la fiscalización del Sector Público Local, que incluye los ayuntamientos, pero también los órganos insulares y las siempre controvertidas diputaciones provinciales.
De la Fuente fue designada en 2015 corresponsable del Departamento de Partidos Políticos, con la misión de fiscalizar la contabilidad anual de los partidos políticos y sus entidades dependientes que reciben subvenciones para gastos de funcionamiento, así como la fiscalización de los procesos electorales.
También es la representante del Tribunal de Cuentas en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
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