El Gobierno ha estudiado el anteproyecto del Ministerio de Educación que modifica la LOE y deroga la Lomce y que "supone una modernización y no un cambio del sistema educativo". Así lo ha manifestado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, al término del Consejo de Ministros, quien ha dicho que se trata de una reforma "respetuosa con la Constitución". Entre las novedades, se encuentra la modificación de la Educación Primaria, que vuelve a organizarse en tres ciclos y se elimina la jerarquía de materias en primaria y secundaria obligatoria (es decir, desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración).
También se eliminan las pruebas finales de etapa, se garantiza que todos los estudiantes cursen una materia de Educación en valores cívicos y éticos y se prevé la posibilidad de obtener el título de bachillerato por compensación en caso de superar todas las materias salvo una. Además, la norma prevé recuperar la anterior Prueba de Acceso a la Universidad.
El Ejecutivo ha realizado el "primer visionado" del anteproyecto de modificación de la LOE de 2006, que conllevará a su vez a la derogación de la Lomce de 2013. La también portavoz del Gobierno ha explicado que el texto aún se encuentra en fase de consultas y que, una vez que reciban los dictámenes, incorporarán las enmiendas que consideran para cuando sea llevada para la segunda lectura del anteproyecto al Consejo de Ministros. "Nuestros propósito es meterlo al Congreso en enero", ha detallado la ministra.
La futura ley orgánica, que modificará la Loe y la Lomce, afectará a los 8.179.539 estudiantes matriculados en este curso 2018-2019 en enseñanzas de régimen general no universitarias. Son alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y otros programas formativos. También afecta a 701.373 docentes y a 28.531 centros de enseñanzas de régimen general no universitarias, de los que 19.112 son públicos y 9.419, privados, ha recordado el Ministerio de Educación en una nota.
La ministra de Educación afirmó que el proyecto de ley es "enteramente modernizado" es una ley absolutamente respetuosa con la Constitución. "Respeta tanto las competencias del Estado como las de las CCAA, estableciendo un 55% de proporción de reserva en las competencias del Estado cuando se relaciona con las CCAA que tienen lengua propia, y un 65% del Estado para su relación con CCAA sin lengua propia", manifestó Celáa.
Además de las novedades mencionadas, se eliminan los itinerarios de 4º de ESO y se reformulan el programa curricular de atención a la diversidad. En la Formación Profesional Básica, se integra la formación general y la profesional. Además, según informó la ministra de Educación, "se fomenta la coeducación, la cooperación entre iguales y la educación emocional". También se incorporan medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales y se refuerza la escuela rural. Además, como mencionó la propia Celáa en anteriores comparecencias, el nuevo texto elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y su calificación no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media para los procesos de obtención de becas o acceso a la universidad.
El anteproyecto de la nueva ley de Educación fue presentado por Celaá a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados el pasado 28 de noviembre en la Comisión de Educación y FP. Y ayer mismo concluyó el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto –denominado de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación–, con el que se han recogido sugerencias de toda la comunidad educativa.
“Era una cuestión prioritaria y urgente para este Gobierno abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la LOMCE, los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo, apartándolo de forma preocupante del objetivo de equidad”, señaló la ministra y portavoz del Gobierno en su comparecencia en el Congreso.
El texto aún debe ser debatido por el Consejo Escolar del Estado y por los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación, que se reunirán en las próximas semanas. La reforma educativa de Celaá persigue, entre otros objetivos, que los alumnos de Primaria y Secundaria estudien valores cívicos y éticos, que la religión no sea computable, que el Bachillerato sea más flexible y que no existan revalidas.
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