Nuevas acusaciones de tráfico de influencias contra vicepresidente peruano

  • El segundo vicepresidente de Perú, Omar Chehade, investigado por presunto tráfico de influencias a favor de un consorcio nacional, intervino también a favor de una empresa brasileño ante el anterior Gobierno, según denunció anoche el programa televisivo "Cuarto Poder".

Lima, 24 oct.- El segundo vicepresidente de Perú, Omar Chehade, investigado por presunto tráfico de influencias a favor de un consorcio nacional, intervino también a favor de una empresa brasileño ante el anterior Gobierno, según denunció anoche el programa televisivo "Cuarto Poder".

Según la investigación de los periodistas de Canal N, Omar Chehade se reunió el 9 de junio con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, para intentar que la empresa brasileña Andrade Gutierrez recibiera la concesión del segundo tramo del metro, uno de los proyectos estrella del expresidente Alan García.

El entonces ministro de transportes, preguntado por el programa de TV, admitió la reunión, señaló que hablaron de varias cosas y dijo que no recuerda los temas específicos que se trataron.

Sin embargo, según la denuncia periodística, otros dos funcionarios que estuvieron en la reunión dijeron que el ministro mostró su preocupación por el riesgo que implicaría otorgarle la concesión del segundo tramo del Metro de Lima, por un valor de 583 millones de dólares, a la misma empresa que se encargó del primero.

Consultado sobre ello por la televisión peruana, Chehade aseguró que no conoce a ningún integrante de la compañía Andrade Gutierrez y que la acusación es una patraña: "No tengo ningún problema porque yo no he hecho lobby por nadie.

La semana pasada, el equipo de IDL-Reporteros del Instituto de Defensa Legal consiguió testigos de una reciente reunión del vicepresidente con oficiales de alto rango de la Policía para, presuntamente, organizar el desalojo de una empresa azucarera, administrada por orden judicial por los trabajadores.

Según la denuncia de IDL-Reporteros, el desalojo de los trabajadores tenía por objeto facilitar que tomase el control de la azucarera uno de los principales grupos empresariales de Perú.

La Fiscalía y el Congreso han abierto expedientes sobre el caso y el jefe del Estado, Ollanta Humala, ha dicho que respalda las investigaciones y que espera los resultados.

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