"¿Promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat (gobierno regional) con fidelidad al pueblo de Cataluña representado por el parlamento?", le preguntó la presidenta de la cámara regional, Carme Forcadell, en una solemne ceremonia en Barcelona.
"Sí, lo prometo", respondió Puigdemont, periodista de 53 años, rompiendo así el protocolo habitual de las tomas de posesión de los presidentes regionales. A continuación, el presidente saliente Artur Mas le impuso la medalla representativa del cargo entre aplausos de los asistentes.
La ceremonia se celebró en una elegante sala del palacio gótico del centro de Barcelona sede del gobierno regional. Centenares de personalidades asistieron al acto, entre ellos el ministro del Interior español Jorge Fernández Díaz, con expresión grave y sin aplaudir.
Puigdemont, investido el domingo por mayoría absoluta en el parlamento regional, dominado por los separatistas tras las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre, quiere llevar a esta rica región con 7,5 millones de habitantes a declarar la independencia respecto a España en 2017.
Su elección fue una solución de última hora para cerrar un pacto de gobierno entre los dos grupos independentistas, la coalición Juntos por el Sí (de izquierda y derecha) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP, izquierda radical), que rechazaba a Mas por las políticas de austeridad aplicadas durante su gobierno (2010-2016).
En un guiño a estos sectores, se comprometió a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población, garantizar los servicios básicos y la calidad de los servicios públicos y cuidar el medio ambiente.
Pero, "estamos ahogados y humillados financieramente, estamos desatendidos por las inversiones del Estado, nuestra identidad está menospreciada. Nos hace falta la herramienta que nos garantice todo esto", dijo, refiriéndose a la independencia, sin mencionarla.
En las próximas horas, Puigdemont designará a su gobierno, formado por independentistas de distintas ideologías.
Este martes, se comprometió a "garantizar la solvencia jurídica" de todas sus decisiones, aunque su principal tarea será aplicar el plan contenido en una resolución parlamentaria de noviembre, que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional: avanzar hacia la secesión, no someterse a las instituciones españolas y preparar la administración necesaria para asumir las competencias de un Estado en un plazo de 18 meses.
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