Madrid, 28 oct.- El ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra ha defendido hoy en la Audiencia Nacional la legalidad de tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad y que, según el FROB, le causaron un perjuicio de 160,5 millones de euros.
Parra ha declarado hoy como imputado ante el juez Santiago Pedraz por tres delitos de administración indebida o, alternativamente, tres de administración desleal, en una de las piezas separadas que abrió el magistrado de la causa principal en la que investiga a la antigua cúpula del banco valenciano.
En esta pieza, Pedraz indaga sobre la regularidad de tres operaciones urbanísticas de las sociedades Nou Litoral, Valenciana de Viviendas y Faverch, que provocaron, según la querella que interpuso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en febrero del año pasado, un agujero de 160.534.544 euros.
Por ello, imputó a Parra junto al entonces director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer; los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler Luján, Fernando Polanco, el notario Carlos Pascual y Teresa Villalba y las sociedades Salvador Vila S.L., Urbanas de Levante y Faverch Desarrollos como responsables civiles subsidiarios.
Sin embargo, Parra ha justificado estas actuaciones y ha alegado que pasaron por todos los filtros correspondientes y recibieron el visto bueno del Consejo de Administración, han informado fuentes jurídicas.
En su querella, el fondo de rescate español señalaba que estas operaciones supusieron "más allá de negocios de riesgo simplemente fallidos, una conducta abusiva de aprovechamiento de la posición de poder" del ex consejero delegado del banco, "con el fin de obtener un lucro ilícito" a favor de sus "socios" a costa de la entidad.
Lamentaba además que las operaciones "supusieron una importante salida de fondos de la entidad que no han retornado ni retornarán", deteriorando así su patrimonio y solvencia.
La de Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida por el banco en 2003 junto a los promotores Vila y los Soler y consistente en la adquisición de terrenos en Chiva (Valencia), generó una deuda de 109,6 millones que el banco tuvo que refinanciar "con dinero público tras el correspondiente apoyo financiero del FROB", generando un perjuicio superior a los 83 millones.
Mientras, la segunda operación versó en que Valenciana de Viviendas "actuó como sociedad instrumental" para adquirir en 2008 unos terrenos de Urbanas de Levante en Vergel y Patraix (Valencia), subrogándose en la deuda, que previamente tenía la vendedora contratada con BdV, con la que se generó un impacto de 137,4 millones y un perjuicio de 47.468.540 euros.
La última giró en torno a Faverch Desarrollos, en la que intervinieron Polanco y Pascual con el fin de adquirir una serie de terrenos en Chiva causó por su parte un agujero de 29.816.004 euros.
Junto a esta querella, el FROB presentó otras siete por gestión desleal contra los antiguos responsables del banco valenciano, entre ellos su expresidente José Luis Olivas, y varios empresarios, por haber emprendido actuaciones "de dudosa racionalidad económica" en perjuicio de la entidad.
El Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del Fondo.
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