La ofensiva contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se ha recrudecido este martes, al admitir en una nota oficial que se cesó a Pérez de los Cobos por no informar de las actuaciones que estaba llevando a cabo la Policía Judicial en el caso la gestión de la Covid-19 ante las protestas del 8-M que investiga un juzgado de Madrid. Fuentes jurídicas advierten que esa nota puede ser la prueba de los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, prevaricación y revelación de secretos por parte de la responsable del Instituto armado, además de la responsabilidad política del ministro, que podría costarle el cargo.
Fuentes cercanas al caso aseguran que en el seno del Ministerio del Interior se conocía la existencia de esa nota de la directora de la Guardia Civil desde hace una semana, si bien se muestran tranquilos con su contenido, a pesar de que reconozca que a Pérez de los Cobos se le cesó por no investigar del desarrollo de las investigaciones del Cuerpo "en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Desde el Ministerio se desechan las graves acusaciones que esa expresión puede suponer como injerencia en un proceso judicial y se centran en la última coletilla, la de los "fines de conocimiento", para justificar que solo querían saber si existía o no esa investigación y el informe judicial correspondiente, pero no su contenido.
Frente a ese argumento, fuentes cercanas a la Fiscalía han advertido que ese documento aporta una carga adicional al caso que habrá que aclarar, dado que pueden surgir querellas contra la directora de la Benemérita y el propio ministro, a la vista de que esa nota oficial abre indicios probatorios sobre el hecho de que el Ejecutivo quería conocer el contenido de la investigación sobre el 8-M que los agentes estaban preparando exclusivamente para la juez del caso. Frente a toda la carga jurídica que pueden tener esos indicios de delito, desde el Ministerio no se espera una ofensiva en ese campo, dado que cualquier querella deberá venir de terceros.
En ese contexto, será relevante en el desarrollo de un posible proceso el papel que juegue la Fiscalía, que todavía debe pronunciarse sobre el caso, ahora con los nuevos datos conocidos. Hace una semana que desde la secretaría general técnica de la Fiscalía General del Estado, que dirige la exministra Lola Delgado,se están preparando los criterios generales sobre los que debe basarse ese informe, cuyo contenido y conclusiones finales debe elaborar el fiscal que se encarga del caso, que es el único habilitado para ello.
Avalancha desde la oposición
Fuentes políticas cercanas a Ciudadanos han advertido que el documento que se ha conocido cambia las pautas de este caso y agrava el papel que el Ministerio del Interior a jugado en todo este proceso, dado que se demuestra que se han tomado represalias contra un alto mando de la Guardia Civil por no haber cumplido una orden (informar de la investigación sobre el 8-M) que era imposible de llevar a cabo. "Es absolutamente increíble que haya ocurrido algo así y que se deje por escrito", han señalado fuentes de la formación naranja, que este mismo martes, horas antes de conocerse la nota de Gámez, anunciaba un acuerdo con el Gobierno para garantizar una prórroga más del estado de alarma y aportar cierta estabilidad a la gestión de Moncloa a corto plazo, a cambio de medida de apoyo al turismo, entre otras cuestiones.
El malestar de Ciudadanos se une en esta ocasión a las peticiones de dimisión que se han lanzado desde la oposición de la derecha -PP y Vox-, que entienden que la actuación de Marlaska avalando las decisiones de su directora de la Guardia Civil roza la ilegalidad y puede suponer un atentado contra el Estado de derecho. Desde las asociaciones profesionales y sindicales de la Guardia Civil ya se había advertido la semana pasada que el caso podría ir a más, dado que no es lógico que tras el cese de Pérez de los Cobos hayan salido dos tenientes generales del Cuerpo y este todo pendiente de una supuesta renovación de cargos que nadie conoce más que el ministro.
Las asociaciones de guardias civiles descartaban la semana pasada poner una querella contra el ministro, tanto por la falta de medios que tienen para ello como por su voluntad de llegar a un acuerdo con el Ministerio y aclarar de una vez por todas cuál va a ser a partir de ahora la política de renovación de cargos. Pero este nuevo paso adelante sobre los hechos conocidos ha hecho a alguna de estas formaciones a replantearse el caso y, si bien no van a presentar una querella por el momento, no descartan personarse en las que puedan surgir contra Marlaska y Gámez.
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