Oficialismo en Argentina busca convertir en ley plan de pago local de deuda

Buenos Aires, 10 sep.- El oficialismo en Argentina buscaba hoy imponer su mayoría en la Cámara de Diputados para convertir en ley un plan para el pago local de la deuda a los inversores que no pueden cobrar en Estados Unidos por un litigio judicial.

La iniciativa, que la semana pasada recibió ya el visto bueno del Senado, ha motivado un intenso debate, que se prevé largo, entre el oficialismo, impulsor del proyecto y mayoritario en la Cámara Baja, y la oposición, que en gran parte rechaza el plan.

"Como no pudimos en Nueva York, planteamos con esta ley pagar en Argentina, pagar en Francia o donde los bonistas quieran. La intención de Argentina es pagar y cumplir. Este es el sentido fundamental de esta ley", dijo el diputado Roberto Feletti, del gobernante Frente para la Victoria, al abrir el debate.

Según el diputado oficialista, la iniciativa constituye "una clara señal" del Parlamento "para defender el proceso de reestructuración", concretado en los canjes de 2005 y 2010, "y para defender que Argentina paga".

Los pagos a los acreedores que aceptaron los canjes, con los que Argentina trató de resolver el problema creado por el millonario cese de pagos de 2001, se ven complicados en Estados Unidos por una orden de bloqueo emitida por el juez neoyorquino Thomas Griesa.

Este juez falló a favor de los fondos de inversión que reclaman a Argentina 1.300 millones de dólares, más intereses, por bonos en mora desde 2001, una decisión ratificada por el Supremo estadounidense.

"El mejor procedimiento para sacarse de encima al juez Griesa es cumplir la sentencia", aseveró Pablo Tonelli, de la opositora Propuesta Republicana, que rechaza el proyecto gubernamental.

Argentina ingresó al Bank of New York Mellon (BONY) los fondos correspondientes al último vencimiento de deuda reestructurada, en junio, pero la entidad, que funciona como intermediario entre el Estado argentino y sus acreedores, no distribuyó los fondos a sus destinatarios porque Griesa bloqueó la operación.

El próximo vencimiento será a finales de este mes, por 200 millones de dólares.

"El Gobierno está colocando a nuestro país en una situación de extrema gravedad institucional", aseveró la diputada opositora Elisa Carrió, quien dijo que, "lejos de ser una solución", la ley "dificultará aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo" con los querellantes.

"Yo la vi a Cristina Fernández aplaudiendo el default (cese de pagos de 2001)", disparó Carrió.

El proyecto que se debate hoy en la Cámara de Diputados incluye sustituir al BONY por el estatal Banco Nación como agente fiduciario de pago y que los acreedores nombren sus propios agentes de cobro para garantizar que se harán con su dinero.

La iniciativa original proponía a los inversores cobrar en Argentina, pero, a propuesta de la oposición, se incluyó como opción que los acreedores puedan también cobrar en Francia a través de un canje de sus bonos bajo legislación estadounidense por otros bajo legislación francesa.

Para el diputado Martín Lousteau, del opositor frente Unen, un cambio de agente fiduciario no resolverá el problema, pues "Griesa va a impedir" que una "institución participe para que el dinero les llegue a los tenedores de bonos".

"Es cierto que hay un ataque especulativo, pero también es cierto que no nos hemos defendido bien", alertó Lousteau, quien advirtió sobre el riesgo de que la ley "detone una cesación de pagos por propia decisión del Congreso", ya que Nación Fideicomisos no podría pagarle a los bonistas que no acepten el cambio de sede.

A su turno, Federico Sturzenegger, de Pro, afirmó que esta ley "no resuelve el problema del default, no ayuda a los bonistas reestructurados, muchos de los cuales no pueden aceptar un canje de legislación, y pone en riesgo la reestructuración de la deuda 2005 y 2010".

Por su parte, el diputado Claudio Lozano, de Unión Popular insistió en determinar "cual es la deuda legítima" y cuestionó que se "siga emitiendo deuda bajo legislación extranjera".

El proyecto en discusión prevé la creación de una comisión bicameral permanente para investigar el origen y seguimiento de la gestión y del pago de la deuda externa desde 1976, con el inicio de la dictadura que gobernó hasta 1983, en adelante.

Por otra parte, la iniciativa deja además abierta la posibilidad de que el 7 % de los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, incluidos los que litigan contra Argentina, se adhieran ahora.