Oficialismo y Corte uruguaya escenifican la crónica de una disputa anunciada

Raúl Cortés

Montevideo, 25 feb.- El choque entre el oficialismo y la Suprema Corte de Justicia en Uruguay, escenificado hoy con una marcha contra un fallo judicial sobre la dictadura (1973-1985), era "previsible" a tenor de la inconsistencia de las últimas leyes impulsadas por el partido gubernamental, coinciden los analistas.

"El Poder Legislativo aprobó dos leyes que sabía que era altamente posible que fueran declaradas inconstitucionales" por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), afirmó hoy a Efe el jurista Martín Risso.

El abogado se refirió así a una norma interpretativa de la Ley de Caducidad o de amnistía aprobada en 2011 para evitar la prescripción de los delitos de la dictadura, y a una ley que ese mismo año creó un polémico impuesto para evitar la concentración de la tierra en el país.

La primera fue declarada inconstitucional el viernes pasado y provocó la ira del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA), promotor de una manifestación de repudio que hoy convocó a varios miles de personas frente a la SCJ.

La segunda corrió la misma suerte hace exactamente una semana y generó una fuerte confrontación interna en el Gobierno entre el sector del vicepresidente Danilo Astori, rector de la política económica nacional, y grupos afines al presidente José Mujica.

Para el profesor universitario Daniel Chasquetti, "la probabilidad de que las dos leyes fallaran de ese modo era bastante alta, pues en el trámite en el Parlamento muchos expertos y juristas alertaron a los legisladores que tenían dudosa constitucionalidad".

De hecho el FA intentó en varias ocasiones en los últimos tres años anular en el Legislativo la Ley de Caducidad, promulgada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.

Esta ley es considerada un obstáculo para investigar causas de la dictadura por las organizaciones civiles y hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 exigió al Estado uruguayo cambiar esa situación.

Otro punto de discordia ha sido la decisión de la SCJ de trasladar a un tribunal civil a la jueza Mariana Mota, que estaba a cargo de medio centenar de expedientes de aquella época y en 2010 condenó a 30 años de prisión del exdictador Juan María Bordaberry, fallecido el año pasado.

Tras conocerse su separación de la rama penal, legisladores oficialistas convocaron a los jueces de la Suprema Corte al Parlamento, donde tienen mayoría, para escuchar sus explicaciones, algo que ellos rechazaron y que para la oposición violó la separación de poderes.

"El traslado de los jueces, de acuerdo a la Constitución, es una competencia del Poder Judicial, y el Poder Legislativo y Ejecutivo no pueden entrometerse", manifestó Risso.

"El único que tiene competencia para eso es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo", agregó.

Para Chasquetti, "la remoción de Mota, si uno lo mira fríamente, tampoco debería sorprender, porque durante el año 2012 hubo una serie de cuestionamientos fuertes a su conducta".

Primero por su presencia en 2011 en una marcha de los familiares de las víctimas de la dictadura y segundo por asegurar en una entrevista al diario argentino Página 12 que en el Ejecutivo uruguayo "no hay una promoción de los derechos humanos" para que se "esclarezca" lo sucedido en la dictadura.

"Es bien diferente al Gobierno argentino en esa materia", afirmó Mota, con el argumento de que el presidente Mujica y sus colaboradores, por haber sido "rehenes de la dictadura" en su etapa de guerrilleros tupamaros "no pueden ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas".

Pese a que Mujica siempre se ha mostrado a favor de pasar la página a la historia, la corriente a la que pertenece dentro del FA, el Movimiento de Participación Popular, acusó el viernes a la SCJ de ser "responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay" y amenazó con tomar "acciones legales" contra sus autores.

Chasquetti opina que la protesta del FA frente a la Suprema Corte se debe a que "hay una parte del electorado frentemaplista que es muy sensible frente a estos temas, que está muy desanimada y está exigiendo algún tipo de conducta".

Consultado sobre la coincidencia en el tiempo de las decisiones del alto tribunal, el analista señaló que "la hipótesis de que hay una gran conspiración nunca hay que sacarla de la mesa", pero se mostró más partidario de pensar que simplemente "hay una coincidencia en el tiempo".

Los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005), del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del Nacional, calificaron este lunes las presiones oficialistas a la SCJ de "retorno de actitudes antidemocráticas" en un inédito comunicado conjunto.