La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en el foco de la presunta trama del 1% investigada en el caso Púnica a cerca de una treintena de empresas que resultaron ser las adjudicatarias de importantes concursos durante la etapa del Gobierno de Esperanza Aguirre. En concreto, el Ministerio Público expone que grandes mercantiles como es el caso de OHL, Acciona, Ferrovial, San José o Dragados fueron las adjudicatarias para construir hospitales y centros médicos de la Comunidad de Madrid pagando para ello un porcentaje extra que habría ido destinado a financiar de manera ilegal la caja 'b' del PP madrileño.
Así se desprende de un escrito del Ministerio Fiscal remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el cual recoge el total de 33 proyectos que se adjudicaron durante esa época. De este modo, el listado de empresas que habrían atendido los pagos imputados al 1% son: Testa Hospitalaria de Coslada, Testa Hospitalaria de Parla, Sociedad Concesionaria Hospital de Vallecas S.A, Sociedad Concesionaria Hospital de Majadahonda, Ortiz Construcciones y Proyectos, Acciona Infraestructuras, Ferrovial Agroman, OHL, Corsan-Corvian Construcción, Constructora San José, Dragados y Vías y Construcciones (ACS), entre otras.
Todas ellas estuvieron al frente de la creación de hospitales como el Infanta Leonor o el Puerta de Hierro (Majadahonda). También aparecen el hospital Infanta Sofía o el 12 de Octubre, cuya construcción corrió a cargo del grupo familiar de los Villar Mir. Igualmente se hace mención en la documentación a otras infraestructuras más pequeñas como el centro de especialidades Virgen del Val en Alcalá de Henares. En este caso, la obra fue encargada a Acciona, la cual ganó un pleito judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno regional al que se le obligó a indemnizarla con 7,2 millones de euros por los sobrecostes de las obras.
Los 3,8 millones del 1%
El Ministerio Público detalla en el escrito al que ha tenido acceso este diario que la información aportada por la Consejería de Sanidad de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en 34 carpetas ha permitido delimitar todas las mercantiles que habrían participado en esta dinámica que la Fiscalía atribuye al gobierno de Esperanza Aguirre. El 1% de la ejecución de todas estas obras ascendió a 3,85 millones de euros, de los cuáles 1,1 fueron a parar a sociedades del empresario vinculado a la re, Horacio Mercado. De este modo, las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez consideran que, a tenor de estos datos, sería "relevante" conocer el destino de la cuantía restante y que, según sospechan, "pudo desviarse a atender otros gastos del partido".
La Fiscalía se ampara en el interrogatorio practicado al propio Mercado en 2017 el cual atribuyó este sistema al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. No obstante, ubica al publicista argentino en el origen de esta presunta dinámica corrupta que investiga la Audiencia Nacional desde el año 2014. Al respecto mantiene que Mercado, imputado en la causa, ya participó en una reunión inicial mantenida en el año 2004 entre Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados a quienes la exmandataria regional convirtió en "ejecutores de sus decisiones". El plan derivó en el presunto desvío de fondos de las Consejerías por lo menos entre los años 2005 y 2010.
Para ello se utilizó principalmente como canal de transvase inicial, las cuentas bancarias de las sociedades vinculadas a Mercado -tales como Over Marketing- y que recibieron transferencias por cada una de las consejerías o entidades adjudicatarias de los contratos de publicidad. "Indiciariamente parte del dinero recaudado nutriría una conocida como caja 'b' del PP madrileño controlada por Beltrán Gutiérrez desde la que se sufragarían de forma opaca mediante entregas de dinero en efectivo, gastos de partido y también gastos electorales", expuso Anticorrupción en su escrito del pasado mes de agosto por el cual solicitó la imputación de una treintena de personas en esta pieza novena del caso Púnica.
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