La Fiscalía Anticorrupción no ve motivos para exculpar a los acusados por las comisiones del tren de Navalcarnero. Poco más de un mes después de que el magistrado Manuel García Castellón diera el primer paso para sentar en el banquillo a los implicados en esta pieza del caso Lezo, la Fiscalía se pronuncia sobre la cuestión. De este modo no solo rechaza sus pretensiones de archivar esta parte concreta del procedimiento sino que insiste en apuntar que se desviaron 2,5 millones de dólares de las cuentas de OHL en México a modo de dádiva para adjudicarse esta faraónica obra que nunca llegó a realizarse. Además, resalta que el exdirector de control, Felicísmo Ramos, jugó un papel crucial en este movimiento.
Así lo expone la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca en sus respuestas a los recursos de los acusados y a las que ha tenido acceso La Información. En las mismas explica que sigue existiendo base para enjuiciar a los implicados en esta pieza tercera del caso Lezo en la que se indagó si se desviaron estas mordidas desde la multinacional. El magistrado archivó la causa contra el expresidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, el cual siempre ha insistido que desconoció el pago de comisiones que según la Fiscalía iban dirigidas al expresidente madrileño Ignacio González. No obstante, procesó a los otros implicados en la causa, entre los que se encuentran el empresario Javier López Madrid, el exgerente del Canal de Isabel Ildefonso de Miguel y los exempleados de OHL Felicísimo Ramos y Rafael Martínez de Nicolás.
Todos ellos han recurrido la tesis del instructor al considerar que no hay indicios suficientes para sentarles en el banquillo pero Anticorrupción pide penas de cárcel que van desde los seis años en el caso de los exempleados de OHL a los tres años y medio que pide para Adrián de la Joya. En lo relativo a Ramos, Cuenca alega que tuvo un papel esencial en este asunto en aras a facilitar la salida de fondos para el pago de las mordidas y en elaborar facturas ficticias que sustentaran esos pagos. De hecho, solicita que se incorpore al sumario el informe de investigación interna que encargó OHL tras tener conocimiento del tema así como las facturas emitidas entonces. A su juicio, son hechos constitutivos de delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Especialmente dura es la respuesta de la Fiscalía al escrito del que fuera director general de OHL, Rafael Martín de Nicolás. Según dice, su defensa incurrió en "graves descalificativos" contra la acusación. Al respecto asegura que "por mucho que se empeñe en tildar de inciertas" las manifestaciones de la Fiscalía, la veracidad de su tesis reside en las diligencias policiales practicadas durante la instrucción de este macroprocedimiento que nació tras detectarse irregularidades en el Canal de Isabel II. Además, deja entrever que en la vista oral -a la cual se llega tras haber practicado numerosas comisiones rogatorias a Suiza- se corroborará la dependencia jerárquica entre Martín de Nicolás y Felicísimo Ramos. Para ello se apoyará en los testimonios prestados en calidad de testigos por otros empleados de la multinacional.
Los escritos también dan respuesta a las pretensiones de Ildefonso de Miguel y el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Sobre este primero alega la fiscal que "a pesar de su esfuerzo discursivo" y de un alegato "confuso", hay indicios suficientes para que se siente en el banquillo por el plan que pasaba por adjudicar a OHL la faraónica obra ferroviaria para unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero. Es más, habla de indicios "incuestionables" en la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho y considera acreditado que ostentó el cargo de gerente del Canal gracias a la amistad que le unía con González, entonces presidente de la empresa pública de aguas. De hecho, le sitúa como la persona que tenía que recibir los 2,5 millones de dólares provenientes de México pese a que finalmente se quedaron en Suiza.
La libreta de López Madrid
Aunque Anticorrupción exculpó finalmente a Jesús Trabada, recuerda la implicación en los hechos de Mintra, el ente público del que fue consejero delegado y desde el cual se adjudicó la obra a OHL en detrimento de las otras seis empresas que licitaron el proyecto. La multinacional siempre se ha desligado de estos supuestos pagos y ha defendido que se adjudicó el proyecto porque fue la que hizo mejor oferta. Al respecto cabe destacar el informe pericial elaborado en diciembre de 2020 por la Intervención General del Estado que determinó que el expediente, desde un punto de vista formal, era correcto. Al respecto Fiscalía responde que el pago efectuado iba destinado, entre otros aspectos, a granarse los informes y votos favorables de los funcionarios para conseguir el proyecto.
Durante el tiempo que ha durado la investigación de esta pieza tercera de Lezo, magistrado y fiscal se han apoyado en las pruebas vigentes, entre las que destaca la agenda de Javier López Madrid. El exalto cargo de la constructora anotó en aquel entonces en su cuaderno que el dinero en cuestión tenía que ir destinado a 'Nacho'. Mientras la acusación sostiene que se refirió con ese nombre al entonces presidente del Canal de Isabel II, éste negó los hechos y señaló a Ignacio Palacios, entonces jefe de Gabinete de Francisco Granados. Igualmente también se barajó la posibilidad de que se refiriera a Ignacio Martínez, director de finanzas y tesorería de OHL. El yerno de Villar Mir no supo aclarar a quien aludió en concreto asegurando que había pasado mucho tiempo desde estos hechos -que tuvieron lugar en el año 2007- y por tanto no recordaba punto por punto todo lo que llegó a anotar en su libreta personal.
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