Los exdirectivos de OHL imputados en el caso Lezo por presuntos sobornos a cambio de adjudicación de obras públicas se han desvinculado por completo en su interrogatorio en la Audiencia Nacional de cualquier irregularidad en los contratos de la multinacional. De este modo, Rafael Martín de Nicolás, el que fuera director general de la compañía, ha negado que en sus conversaciones con otros exaltos cargos sobre las licitaciones se refiriera al pago de mordidas sino a las cuantías que tenían que abonar a los proveedores, que actuaban de intermediarios.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, el exdirectivo -que ya figuraba como imputado en esta causa por la adjudicación a OHL del proyecto de construcción del cercanías de Navalcarnero- ha asegurado que los porcentajes de pago a los que hace referencia en las grabaciones incautadas por la UCO de la Guardia Civil no son sobornos ni mordidas. El magistrado instructor, Manuel García Castellón, le había citado para este jueves junto con otros cargos de la compañía por mordidas presuntas adjudicaciones irregulares en Andalucía, Extremadura y Canarias que alcanzarían los 40 millones de euros.
Por ese motivo se le ha preguntado en relación a las grabaciones en cuestión que obran en la causa y según las cuáles Martín de Nicolás pregunta a su interlocutor cuál sería el porcentaje exacto -que rondaría entre el 3 y el 3,5%- a abonar para hacerse con la adjudicación. El exdirectivo ha desmentido que se refiera a pagos en 'b' y ha explicado que es la cuantía relativa al pago de suministros, que se efectúa en metálico a los proveedores puesto que en determinadas zonas, como las islas Canarias se trabaja con intermediarios para garantizar que se les abastecen los suministros.
Puerto de Granadillas
Se ha referido de esta forma a la construcción del Puerto de Granadillas, en Tenerife, que es una de las adjudicaciones que están bajo sospecha en esta nueva pieza del caso Lezo. Al respecto, ha explicado que se reunió con Joaquín Jiménez, exjefe de obra civil de la constructora y ya jubilado, y que ambos acordaron no contratar con un intermediario aunque la construcción saliera más cara, según las fuentes consultadas. Precisamente Jiménez era otro de los exdirectivos citados por el magistrado junto con Rosa María Corral, actual directora del departamento de control de gestión en Obrascon (OHL), y el también exdirectivo Francisco Navarrete. Ninguno de los tres ha reconocido irregularidades en su gestión.
Las mismas fuentes consultadas explican que tampoco han hecho alusión alguna al expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir ni a su yerno, el exconsejero delegado Javier López Madrid. Ambos están investigados en la pieza número tres de esta macrocausa sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II y más en concreto por la adjudicación que supuestamente ordenó López Madrid de 1,4 millones de euros a una cuenta en Suiza de Adrián de la Joya para que éste, a su vez, se la hiciera llegar a Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal, tras hacerse con la construcción del tren de Navalcarnero.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió una nueva pieza de la causa a finales de marzo para investigar estas presuntas mordidas del Grupo en determinados puntos del país a cambio de obra pública. Con todo, el mismo magistrado, que instruye la causa Púnica, también investiga a Villar Mir y López Madrid en este caso por licitaciones de obra pública que habrían sido conseguidas de manera irregular durante la etapa de Francisco Granados al frente de la Consejería de Transporte de la Comunidad. En estas negociaciones habría mediado el constructor confeso David Marjaliza, de acuerdo con la versión que él mismo ha prestado en sus citaciones como investigado en la Audiencia Nacional.
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