"¿Qué es eso de ir a tu casa y que te la encuentres okupada?", decía Pablo Casado, líder del PP, hace apenas unos meses durante la campaña para las elecciones generales. Y esta afirmación se convirtió en un discurso cada vez más utilizado en ciertos sectores de la población. Tres de los cinco grandes partidos políticos -PP, Ciudadanos y Vox- llevaban en sus programas electorales alguna medida contra las ocupaciones de viviendas. En cambio, según el último CIS del mes de julio, solo el 0,4% de los encuestados que han sido víctimas de un delito en los últimos diez años han visto como su vivienda era ocupada por un tercero.
Más allá de las conversaciones de bar y de la existencia de determinado número de casos de ocupación, estos se centran sobre todo, según señalan desde el sector, en las viviendas vacías. Propiedades en manos de bancos o fondos de inversión que ya se han puesto las pilas con barreras para evitar que este tipo de actos ocurran: puertas anti-okupas, alarmas...
En el caso de los particulares este problema no es algo común. Así lo demuestra el barómetro del CIS del mes de julio que además de los resultados electorales reserva un apartado para otro tipo de cuestiones. "¿Ha sido usted víctima de algún delito durante los últimos diez años?", dice la encuesta. Solo un 16,7% de los 3.000 ciudadanos que han respondido dicen que sí. Una vez pasado este filtro se pregunta por una lista de delitos entre los que figuran como los más comunes el 'robo de bolso, cartera o móvil' y la 'estafa o timo'. Pero solo el 0,4% de las personas que dijeron que sí habían sufrido un delito en los últimos diez años argumentaron que este había sido de 'ocupación de piso'.
En cifras, y según el Instituto Nacional de Estadística, el número de usurpaciones -entendido según la RAE como "delito que se comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble o derecho real ajeno"- ha aumentado en gran medida en los últimos años. Desde 2013, primer año en el que existen registros, las condenas por este delito han pasado de 1.669 a 6.757 en 2017, último dato disponible.
La cifra resulta llamativa teniendo en cuenta la importancia que se le ha dado durante las últimas campañas electorales. En este sentido, el Partido Popular de Pablo Casado ha sido uno de los más duros al respecto de este tema y en su pugna por los votos pedía la aprobación de una reforma en el ámbito civil y penal con el fin de proteger a los propietarios y a las comunidades de vecinos contra la ocupación ilegal de viviendas.
Del mismo modo, los 'populares' ponía sobre la mesa la posibilidad de reforzar el delito de usurpación de viviendas pasando de la multa que conlleva actualmente a pena de cárcel de uno a tres años. Pero no se quedaba ahí, también solicitaba una modificación del Código Penal que permitiese a un futuro Ejecutivo luchar contra las mafias de la ocupación y facilitar los procesos penales en este sentido.
El PP de Pablo Casado no era el único que llevaba en su programa medidas contra la "lacra de la ocupación". Ciudadanos también se ha mostrado, en numerosas ocasiones, a favor de endurecer las leyes que rigen los delitos relacionados con la ocupación de viviendas. Tanto es así que el partido naranja proponía en su apartado sobre la 'Política de Seguridad y Defensa adaptadas al siglo XXI' la aprobación de "una 'Ley contra la Okupación' que promueva la recuperación inmediata de los inmuebles por sus propietarios y los juicios rápidos contra quienes vulneran la propiedad y dañan la convivencia".
Los de Albert Rivera ponían una medida más sobre la mesa: dar autorización a las comunidades de vecinos para iniciar el desalojo de viviendas ocupadas en caso de que sus propietarios, normalmente entidades bancarias, no lleven a cabo este procedimiento. Además, los naranjas también proponían el establecimiento de penas para las okupaciones violentas y perseguir a las mafias que se lucran con ellas o que las realizan para actividades delictivas como sucede con los narcopisos que atemorizan a barrios completos.
El caso de Vox es más radical. Los de Santiago Abascal comenzaron la campaña electoral con la intención de conseguir los votos suficientes para promulgar leyes antiokupacion y antiusura, llegando incluso a apostar por la utilización de armas en concepto de legítima defensa en casa. Más allá de esto, defendían la tipificación de la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada y una reforma legal que permitiese expulsar a los okupas de las casas en cuestión de horas, dejándoles fuera de cualquier tipo de ayuda social.
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