Admite la querella por falsedad

Del Olmo, de testigo a querellado: el juez investigará su informe contra Iberdrola

Acumula en el caso Villarejo las diligencias abiertas en un juzgado de Bilbao pese a que la eléctrica pide que los hechos se investiguen por separado.

Un exjefe de Seguridad de Iberdrola explicó al juez los pagos a Villarejo
Un exjefe de Seguridad de Iberdrola explicó al juez los pagos a Villarejo
La Información

Nuevo giro en la investigación que sigue la Audiencia Nacional contra Iberdrola por sus encargos a José Manuel Villarejo. El magistrado al frente de 'Tándem', Manuel García Castellón, ha decidido acumular a la causa la querella que interpuso la eléctrica contra el exdirectivo José Antonio Del Olmo por su informe en el que denunciaba un sistema de facturas falsas. Las acciones penales se dirigían en un juzgado de Bilbao pero éste se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la cual ha aceptado la competencia para investigar estos hechos. De este modo, Del Olmo, que figura como testigo en el procedimiento, pasa a ser querellado por falsedad en documento privado. 

Así lo acordó el magistrado en un auto del pasado 16 de julio en el cual razona que asume las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao porque se trata de hechos conexos a los que se investigan en la causa Tándem. La respuesta del instructor se produce medio año después de que el juzgado de Bilbao se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional con el criterio favorable de la Fiscalía y la oposición frontal de Iberdrola. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán emprendió una batería de acciones legales contra el que fuera director de Funciones Corporativas e interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Bilbao y una querella en los juzgados de dicha ciudad negando la veracidad del informe y las coacciones que el exdirectivo aseguró haber recibido. 

Según se desprende del sumario de la causa al que ha tenido acceso La Información, Iberdrola presentó sendos recursos de reforma y de casación contra la decisión de la magistrada Yolanda Paredes. El motivo, según razona su defensa, es que no hay "conexidad" entre un hecho y otro; es decir, no ven relación entre la causa de la Audiencia Nacional por delitos de cohecho y revelación de secretos y en la que Del Olmo ha declarado como testigo por los encargos de la eléctrica a Villarejo con las denuncias que la compañía ha interpuesto en su contra. Con todo, la aparición de este exalto cargo de la compañía crítico con la gestión de Galán se ha ido convirtiendo en epicentro de la causa hasta el punto de que el magistrado citó a declarar en calidad de investigados al exnúmero dos de la compañía, José Luis San Pedro, además de los directivos Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo, a quienes señaló Del Olmo por presuntas coacciones. 

Informe ante notario

El objetivo del instructor es aclarar no solo la parte relativa a los trabajos que realizó Cenyt para Iberdrola, sino también los hechos que se produjeron desde el pasado mes de diciembre cuando salió a la luz este informe que denuncia la existencia de un sistema de facturas trianguladas para pagar los primeros encargos del agente encubierto en el año 2004 a través de su empresa proveedora de seguridad Casesa. En sus testificales del pasado mes de enero, Del Olmo explicó que depositó su informe ante notario al detectar irregularidades en la fórmula de pago y plasmó en el mismo que Sánchez Galán era conocedor de los hechos. El notario resultó ser el exdiputado del PP y exvicepresidente de la CNMV Luis Ramallo, íntimo amigo de Marcos Peña, anterior jefe de seguridad de Iberdrola.

De este modo, los interrogatorios de la cúpula de la eléctrica siguen pendientes de practicarse toda vez que el magistrado tuvo que suspender los señalamientos del pasado mes de julio. Ahora, tras aceptar la inhibición del juzgado número 3 de Bilbao, estudiará si admite o no a trámite la querella de Iberdrola, desde donde la cual siempre han negado tener conocimiento alguno de este documento que data del año 2004. Los mismos dueños de la extinta Casesa declararon en el marco de esta causa en la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo descartando cualquier vínculo con el entramado empresarial de Villarejo y defendiendo que las facturas giradas a Iberdrola correspondían a trabajos reales relacionados con asuntos de seguridad. 

Las denuncias de Del Olmo

No obstante, el levantamiento del secreto de sumario el pasado mes de julio puso de manifiesto unos datos de la Agencia Tributaria recogidos por Anticorrupción según los cuáles en el ejercicio de 2004 Casesa declaró haber soportado facturación de Cenyt por un importe total de 337.560 euros. La compañía, por su parte, desacredita la versión de Del Olmo y asegura que existieron un total de 17 facturas correspondientes a los encargos efectuados a Villarejo entre los años 2004 y 2017 por un importe cercano a los 1,1 millones de euros. Igualmente rechaza que intentaran influir en el exdirector de Funciones Corporativas para que no testificara en su contra.

El sumario recoge cómo los directivos ahora imputados se pusieron en contacto con él en diciembre del año pasado para que firmara un documento el cual dejaba claro que, tras una intensa búsqueda en la compañía, no se había encontrado el informe que pone contra las cuerdas a Iberdrola. Del Olmo se negó a hacerlo y en sede judicial dijo que si no lo había denunciado antes fue por temor a represalias. A estas versiones hay que añadir la del exdirector de seguridad, Antonio Asenjo. El policía no solo declaró en la causa acerca de los encargos comerciales que efectuó a Cenyt sino que se refirió también al capítulo relativo a Del Olmo destacando la manifiesta enemistad de éste con la cúpula de la entidad así como con su cercanía a Marcos Peña, antecesor suyo en la dirección de seguridad de Iberdrola

Todos estos hechos llevaron a la multinacional vasca a insistir en que la querella presentada en los juzgados de Bilbao el pasado mes de enero se investigara al margen de la macrocausa penal. La Fiscalía Provincial de Vizcaya respondió respaldando el criterio de la magistrada y denegando la pretensión. El Ministerio Fiscal consideró en sendos escritos que era "sobradamente conocida" su "clarísima posición" en relación a la querella contra Del Olmo y que ésta debía investigarse en la Audiencia Nacional, máxime cuando la denuncia que presentó en esa misma Fiscalía un mes antes se remitió a Anticorrupción y de ahí al Juzgado Central de Instrucción número 6 para su incorporación a la macrocausa Tándem. 

De esta forma queda en manos del juez la decisión acerca de si analizar la veracidad o no del informe a la par que seguir indagando en aras a esclarecer el conocimiento que tenía la cúpula de la eléctrica de los trabajos de espionaje que realizó José Manuel Villarejo. Entre los mismos destacan el primer acuerdo, bautizado como proyecto Arrow y consistente en la investigación a un movimiento vecinal contrario a la instalación de una central térmica en Arcos de la Frontera o el último de ellos, conocido como proyecto Wind. En este trabajo, el entramado de Villarejo puso el foco en la sociedad suiza Eolica Dobrogea tras declararse insolvente e incumplir un laudo judicial en favor de Iberdrola. Lo que ha negado tanto la compañía como Villarejo es haber materializado encargo alguno para espiar a Florentino Pérez, el cual declaró hasta en dos ocasiones en esta pieza. 

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