San Salvador, 6 oct.- El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna, criticó hoy al Parlamento por no elegir de nuevo al fiscal general tras anularse en julio pasado la designación de Astor Escalante, hecha en abril.
"Es lamentable que a estas alturas no se pueda tener la elección de un funcionario tan importante para la vida jurídica del país", declaró Luna a los periodistas, ante la falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para elegir de nuevo al fiscal general.
"El retraso realmente demuestra también poca voluntad y sobre todo me deja también muchas dudas en cuanto a la capacidad que se pueda tener para elegir estos cargos" en el Parlamento, añadió.
Luna planteó que si los diputados "no se ponen de acuerdo pues entonces que den por desierto el proceso, que abran un nuevo proceso, que abran una nueva convocatoria" para elegir al fiscal.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el 10 de julio la elección de Astor Escalante como nuevo fiscal general en lugar de Romeo Barahona, cuya gestión de tres años concluyó el 18 de septiembre, y ordenó repetir el proceso.
El fiscal general adjunto, Ovidio Portillo, desempeña la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 19 de septiembre, por lo que la institución funciona con normalidad.
Una negociación iniciada el 3 de septiembre por los seis partidos con representación legislativa, encaminada a elegir de nuevo al fiscal general, sigue sin arrojar un acuerdo.
La negociación arrancó tomando en cuenta a los 47 candidatos que se presentaron para la elección del 24 de abril, pero finalmente la lista se redujo a tres: Romeo Barahona, quien aspiraba a la reelección; Astor Escalante y el abogado Luis Antonio Martínez.
Sin embargo, la negociación se ha estancado por el desacuerdo entre el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) sobre quién será el nuevo fiscal.
La mayoría calificada de 56 votos que se requiere para elegir al fiscal, en un Parlamento de 84 escaños, sólo puede lograrse entre el FMLN (31) y ARENA (33).
El procurador de Derechos Humanos consideró que los diputados demostrarían "falta de capacidad" si eventualmente piden la intervención del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, en la negociación para elegir al fiscal, como ocurrió para superar la crisis por la anulación de la elección de magistrados de la CSJ.
"Me parece que llevarlo (el asunto del fiscal) a Casa Presidencial es estarle trasladando funciones al señor presidente que son propias de la Asamblea", aseveró Luna.
"Pareciera ser que la Asamblea, todo aquello que no pueda resolver, lo va a llevar a la Casa Presidencial; eso no me parece que sea correcto", recalcó.
La Sala de lo Constitucional anuló la elección de Escalante con el argumento de que no le correspondía a la legislatura pasada, que terminó el 30 de abril, sino a la actual, que empezó el 1 de mayo.
Por la misma razón, la Sala anuló el 5 de junio las elecciones de magistrados de la CSJ hechas en 2006 y el 24 de abril de este año, lo que desató una grave crisis institucional que se superó mediante un acuerdo político bajo la mediación de Funes.
El Parlamento puso fin a la crisis al elegir de nuevo a los magistrados el 21 de agosto.
La Constitución salvadoreña no establece cuándo deben hacerse las elecciones de magistrados, fiscal general y otras de segundo grado, vacío que se busca llenar con una reforma aprobada en agosto y que debe ser ratificada por la legislatura de 2015-2017.
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