Bogotá.- Los responsables de la política antidrogas en once países de África y América Latina negociaron y formalizaron en Bogotá una serie de acuerdos de cooperación interinstitucional contra el narcotráfico, informó hoy en la capital colombiana la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Los convenios tienen como objetivo la lucha contra la ruta africana de la cocaína, nuevo y creciente camino de tráfico de alcaloide con destino Europa, "mediante la figura de investigaciones conjuntas", según destacó la UNODC en un comunicado público.
"Estos acuerdos constituyen el arma más eficaz para luchar conjuntamente en su contra", defendió el representante en Colombia de esa agencia especializada de la ONU, el alemán Aldo Lale-Demoz.
Lale-Demoz dijo que los once países adoptaron un "importante y necesario mecanismo" que podrán utilizar de manera efectiva "cuando, como se está haciendo ahora, se superen las barreras creadas por la falta de contactos directos entre autoridades, se genere confianza y se establezcan parámetros, condiciones y metas comunes".
Los acuerdos fueron negociados durante un encuentro internacional de tres días que comenzó el pasado día 25 y que reunió, a puerta cerrada, a "delegados de alto nivel de agencias antidrogas" de seis países africanos y cinco latinoamericanos y caribeños.
A la cita concurrieron representantes de Brasil, Cabo Verde, Colombia, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Jamaica, Perú, Sierra Leona, República Dominicana y Togo, que hoy cerraron la cita con la formalización de los documentos.
Los acuerdos son de tipo bilateral y suman 30, número que se corresponde con los suscritos por cada uno de los seis países africanos con cada uno de los cinco americanos.
El representante de la UNODC advirtió de que la "limitada cooperación interinstitucional" entre África y América Latina les permitió a las organizaciones criminales trasnacionales crear y fortalecer nexos entre bandas para abrir nuevas rutas.
La conferencia de Bogotá se derivó de un proceso de cooperación de dos años y fue organizada por la UNODC, como agencia ejecutora de un proyecto de la ONU de colaboración interregional América Latina-África Occidental, cofinanciado por la Unión Europea (UE).
La UNODC explicó que las investigaciones conjuntas las prevé un artículo de la Convención de Naciones Unidas de Viena (1988) que exhorta a los países miembros, mediante las "instituciones encargadas de la represión al narcotráfico", a intercambiar información "de manera directa, con un mínimo de formalidades, para optimizar la labor de las autoridades operativas".
Dicha intercambio comprende informes sobre "el paradero y las actividades de individuos y bandas sospechosas, sobre rutas de droga y localización de dinero y bienes producto del ilícito", indicó la misma fuente.
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