ONG aplauden que el Gobierno reconozca la justicia gratuita a ecologistas

  • Las ONG han aplaudido la decisión del Gobierno de ampliar la justicia gratuita a las asociaciones ecologistas y recuerdan que el convenio de Aarhus ya reconocía el derecho a una justicia gratuita en materia de medio ambiente.

Madrid, 29 abr.- Las ONG han aplaudido la decisión del Gobierno de ampliar la justicia gratuita a las asociaciones ecologistas y recuerdan que el convenio de Aarhus ya reconocía el derecho a una justicia gratuita en materia de medio ambiente.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España felicitan al Ministerio de Justicia por rectificar y ampliar el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos económicos.

En nota de prensa, añaden, que las ONG ecologistas son las mejores garantes de la protección ambiental en los tribunales.

Recuerdan que dos leyes de este gobierno, la Ley de Tasas, que suponía un coste inasumible para las ONG ambientales, y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa que obligaba a los magistrados a imponer las costas a las ONG, hacían prohibitivo que las organizaciones ambientales volvieran a acudir a los tribunales.

Ante esta situación, afirman, la única oportunidad era que las asociaciones medioambientales pudieran acogerse a la justicia gratuita. Sin embargo, el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno no contemplaba esta posibilidad.

Por ello, el anuncio del ministro Ruiz-Gallardón por el que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales es valorado muy positivamente por las ONG ecologistas.

Sin embargo, llaman a la "prudencia" hasta que se conozcan las enmiendas que finalmente propondrá el Grupo Popular.

Además las ONG ecologistas exigen que se eliminen las desorbitadas cauciones que se imponen por determinados tribunales para la concesión de medidas cautelares o ejecución provisional de sentencias en materia medioambiental, tal y como obliga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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