Nos acogemos "al derecho constitucional de hacer caso omiso a disposiciones inconstitucionales e ilegales de las autoridades, y que además son abusivas y arbitrarias", explicó a la AFP César Ricaurte, director de la organización no gubernamental.
Creada en 2007, Fundamedios se declaró en rebeldía frente al proceso administrativo por el cual la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) - el órgano que regula a las ONG - planteó la semana pasada su disolución por violar la norma que impide a esas entidades ejercer política partidista.
Ricaurte, que rechaza los señalamientos, explicó que su fundación intenta ser acallada, a raíz de la divulgación de blogs de dos periodistas críticos con el gobierno. De su lado, el responsable de la Secom, el ministro Fernando Alvarado, declinó comentar el caso por cuanto es el encargado de tomar una decisión sobre el futuro legal de Fundamedios.
En un comunicado, la Secom recordó que le pidió a la ONG "cumplir con las normas de su propio estatuto, específicamente, en lo que se refiere a la prohibición de ejercer asuntos de carácter político", pero que ante el desacato "se inició el proceso correspondiente".
El órgano oficial no cuenta con un plazo definido para ordenar el cierre de la ONG.
Este lunes Fundamedios, que da seguimiento a agresiones a periodistas y promueve las libertades de prensa y de opinión, presentó sus descargos en un escrito entregado a la Secom.
La ONG, que recibe financiamiento privado y público del extranjero, rechazó que esté implicada en asuntos políticos de carácter partidario y pidió el archivo del proceso administrativo y el cese de lo que consideró "una campaña de difamación y descrédito".
"Hemos entregado un documento extenso, contundente, en el cual Fundamedios, en primer lugar, se acoge al derecho de la resistencia consagrado en el artículo 98 de la Constitución. Eso significa que vamos a tomar todas las acciones de hecho y derecho para defender a la organización. No vamos a entregar Fundamedios a la Secom", comentó Ricaurte a la prensa.
La Carta Política de 2008 prevé la resistencia en caso de violación de derechos por parte de autoridades o particulares.
Sin embargo, no existe un procedimiento jurídico específico para su reconocimiento, por lo que es inicierto el efecto legal que pueda tener frente a un proceso administrativo como el iniciado por la Secom, explicó a la AFP el jurista Farith Simon, de la Universidad San Francisco (privada).
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