ONG denuncian intentos de socavar la agencia de la ONU sobre derechos humanos

  • La organización Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a un grupo de países, entre los figuran Cuba, Bolivia y Venezuela, de intentar interferir en el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de amenazar su independencia.

Ginebra, 29 sep.- La organización Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a un grupo de países, entre los figuran Cuba, Bolivia y Venezuela, de intentar interferir en el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de amenazar su independencia.

Los tres países mencionados junto con Sri Lanka, Bielorrusia, Argelia, Bangladesh, Indonesia, Malasia, Pakistán, Qatar y Arabia Saudí han presentado en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU un proyecto de resolución con el que este órgano se arrogaría, en términos prácticos, el derecho de supervisar a la Oficina de la Alta Comisionada en asuntos de financiación y personal.

Los promotores de esta idea afirman que la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, no ha resuelto el problema del "desequilibrio en la distribución geográfica del personal" de la agencia que dirige, a pesar de los repetidos pedidos para que actúe a este respecto.

Consideran que esa falta de equilibrio se percibe como "culturalmente tendencioso" y "poco representativo de las Naciones Unidas en su conjunto".

Asimismo, cuestionan que el 60 por ciento de los fondos de dicha entidad proceda de contribuciones voluntarias y no del presupuesto regular.

A través de una carta dirigida a la presidencia del CDH, Pillay lamentó no haber sido consultada por los países sobre su voluntad de presentar ese proyecto de resolución y defendió los progresos realizados durante su mandato para lograr una mayor representatividad geográfica del personal del organismo que dirige.

Recordó que se le instó a que el 20 por ciento del personal fuese seleccionado entre las nacionalidades con escasa o nula representación y sostuvo que se ha ido más allá de esa proporción y que ahora la mitad del personal responde a ese criterio.

Junto con HRW, Amnistía Internacional afirmó hoy también que el proyecto de resolución "infringe gravemente la independencia" de la oficina de la alta comisionada y pidieron a los países que integran el Consejo de Derechos Humanos que voten en contra.

"Es un paso atrás en la protección de la independencia" de ese organismo, responsable de vigilar y promover los derechos humanos en el mundo en nombre de la ONU, advirtieron ambas ONG.

Confirmaron que el porcentaje de personal procedente de las regiones que requerían una mejor representación ha aumentado en los últimos cuatro años.

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