México, 31 ago.- Un grupo de 84 ONG mexicanas criticó hoy una campaña lanzada por el portavoz de seguridad nacional, Alejandro Poiré, quien de mayo a agosto presentó públicamente diez supuestos "mitos" relacionados con el combate al crimen organizado.
En un informe, las ONG buscan "evidenciar las ausencias y mentiras que caracterizan el discurso gubernamental, así como el constante sentimiento de inconformidad que manifiestan millones de mexicanos frente a la Estrategia Nacional de Seguridad".
Los representantes de la sociedad civil consideran que "la violencia en el país ha escalado niveles insospechados" desde que el presidente Felipe Calderón lanzó su estrategia de combate frontal a las organizaciones criminales al comienzo de su Administración, que se estrenó en diciembre de 2006.
"El saldo sangriento de casi 50.000 muertos muestra la lógica de confrontación que busca la guerra y no la paz", señalan las conclusiones del documento, titulado "De la descalificación de la crítica a la manipulación de las cifras: diez mitos para justificar una estrategia equivocada frente a la violencia".
Los representantes de la sociedad civil piden no "seguir adelante" con la estrategia gubernamental "sin poner atención a la violencia económica brutal y despiadada que sufre la gente" en México.
Recuerdan que la reforma al sistema de Administración de Justicia penal, que se introdujo en 2008 y tiene ocho años para su completa implantación, debería introducirse urgentemente porque la actual "se sigue apoyando en actos arbitrarios y en denegación de derechos fundamentales".
"Por otro lado, es necesario que haya transparencia, investigación y sanción de todo acto de corrupción abuso de autoridad y delito cometido por cuerpos policíacos, las Fuerzas Armadas y otros servidores públicos", apuntan.
Para las ONG, la actual estrategia anticrimen del Gobierno mexicano "empezará a ser integral y efectiva cuando los ciudadanos experimenten seguridad en la vida diaria, viajen sin temor de ser agredidos por el crimen organizado, o por las propias fuerzas de seguridad".
Además, estiman necesario que "grupos vulnerables" como los indocumentados, las mujeres o los indígenas "dejen de estar en riesgo de ser ultrajados, violados y exterminados por razón de su origen geográfico y de género" en México.
Es "hora de que el Gobierno deje de gastar recursos en campañas y vídeos para convencernos de que su estrategia fallida sea el rumbo correcto. Debe mejor dirigir esos recursos a acciones encaminadas a generar logros sostenibles en seguridad ciudadana de la población", señala el documento.
En opinión de las ONG, "la seguridad no se puede limitar al combate contra los grupos delictivos", sino "abordar de manera prioritaria las causas socioeconómicas de la delincuencia, la corrupción y abusos estatales", y las carencias del actual sistema de justicia.
"Esperamos que el documento contribuya a ser expresión de la voz de las víctimas y de tantas personas que se encuentran sufriendo de forma injusta tanto por las condiciones de pobreza estructural que vive nuestro país, como por una guerra que no tiene sentido ni alcance alguno", añadieron.
Entre los firmantes están los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el de la Montaña Tlachinollan, el centro de análisis e investigación Fundar, la Iniciativa Frontera Norte de México, y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
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