ONGs alertan que la crisis sirva para incumplir la ley de comercio de armas

  • Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y otras organizaciones no gubernamentales alertan de que la crisis económica puede servir de excusa para incumplir la ley sobre comercio de armas e instan al Gobierno a ajustarse "escrupulosamente" a la normativa vigente.

Madrid, 29 may.- Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y otras organizaciones no gubernamentales alertan de que la crisis económica puede servir de excusa para incumplir la ley sobre comercio de armas e instan al Gobierno a ajustarse "escrupulosamente" a la normativa vigente.

Esta advertencia forma parte del informe que sobre exportaciones de armas en todo el año 2011 han realizado las organizaciones de la coalición española "Armas bajo control".

Estas ONGs ya hicieron público en abril otro informe relativo sólo a la venta de armas en el primer semestre de 2011 y en el que se denunciaba que España vendió armamento a Egipto y Baréin durante la denominada "primavera árabe".

Esa denuncia es ratificada en el nuevo informe, que hace una llamada a que se cumpla la normativa que impide las exportaciones de armas cuando puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos.

Además de pedir que la estadísticas de exportaciones se hagan públicas con mayor antelación por parte del Gobierno, las ONGs expresan su preocupación por la posibilidad de que, en un momento de reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa, se impulse la exportación de armas primando los intereses comerciales sobre los derechos humanos.

En este sentido, recuerdan que el Consejo de ministros del pasado 25 de mayo decidió apoyar con dinero público las exportaciones de armas españolas mediante créditos y acciones de promoción.

Ante ello, instan al Ejecutivo a que cualquier operación de ese tipo "se ajuste escrupulosamente a la normativa vigente y se refuerce el control de las operaciones que, por sus características y destino, pudieran resultar preocupantes para los derechos humanos".

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