"Recibimos múltiples y creíbles testimonios de personas que fueron interrogadas bajo algún método coercitivo o incluso tortura en las etapas iniciales de su detención e interrogatorio", afirmó el relator especial de la ONU sobre la tortura Juan Méndez, en una conferencia de prensa en Brasilia.
Méndez viajó casi dos semanas por cinco estados brasileños y realizó inspecciones sin aviso en prisiones, comisarías, centros de detención juvenil e instituciones de salud mental.
En los testimonios, los detenidos relataron "golpes, a veces con cachiporras, en algunos casos electrocuciones con pistolas Taser, casos de asfixia, ya sea con agua o con bolsas en la cabeza", detalló.
El especialista advirtió en sus hallazgos preliminares -que serán profundizados en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU- que no hay evidencias de que los casos de tortura son debidamente investigados.
"Cuando te encuentras con varios casos creíbles y ves que no muchos se investigan -y mucho menos se presentan acusaciones o se castigan-, concluyes que hay un alto nivel de impunidad", aseguró Méndez.
La cantidad de testimonios recogidos le llevan a pensar que no es un fenómeno aislado, sino que "estructuralmente ocurre y es dejado impune por falta de acción para investigar".
"Desgraciadamente, se trata de una situación vieja. La práctica de tortura ha sido históricamente sistemática y generalizada" en Brasil, dijo a la AFP Vivian Calderoni, abogada de la ONG de derechos humanos Conecta.
Calderoni coordinó una investigación que reveló que muy pocos casos de tortura son llevados a la Justicia. Entre 2006 y 2010 apenas 455 denuncias llegaron a algún tribunal del país.
En Conectas "tenemos experiencia monitoreando cárceles y sabemos que la práctica de tortura está mucho más extendida", aseguró la abogada.
El principal obstáculo es la falta de canales seguros para denunciar.
"Si una persona fue víctima de tortura en una cárcel, por algún funcionario, no tiene cómo denunciar eso sin que la persona (que lo torturó) se entere", indicó.
Al igual que Méndez, Calderoni consideró que uno de los caminos posibles para revertir esta situación es la extensión a todo el país del proyecto "Audiencias de custodia", que garantiza a los detenidos una entrevista con el juez pocas horas después de ser detenido.
El mecanismo, previsto en pactos y tratados internacionales, ayudaría a evitar detenciones arbitrarias e identificar rápidamente situaciones de tortura o maltrato durante el arresto.
Actualmente se aplica sólo en 10 de los 27 estados de Brasil, según un mapa elaborado por el Consejo Nacional de Justicia.
Con más de 600.000 prisioneros, Brasil tiene la cuarta población carcelaria del mundo, integrada en su mayoría por jóvenes y afrodescendientes.
El Congreso brasileño estudia actualmente una propuesta para reducir de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal, iniciativa a la que se oponen el gobierno, la Iglesia católica y también el relator Méndez.
Además de violar estándares internacionales, juzgar a los adolescentes como adultos traería problemas prácticos porque sólo aumentaría la superpoblación de las prisiones, señaló el relator.
El especialista tampoco está de acuerdo con aumentar el tiempo de privación de libertad en los centros para menores, que dijo no siempre reúnen las condiciones necesarias para cumplir con su función socioeducativa, sino que por el contrario, "se parecen a una prisión".
"La peor forma de combatir el crimen es el permitir que se violen los derechos humanos", zanjó el relator Méndez. Esto simplemente "incrementa los niveles de violencia en aquellas personas a las que justamente intentas controlar".
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