Virginia Gamba, que ha sido directora de la oficina de desarme de la ONU en los últimos dos años, trabajará con otras dos personas en una misión de un año para investigar quién utilizó las armas prohibidas.
El Consejo de Seguridad de la ONU decidió en forma unánime en una resolución en agosto pasado establecer una investigación sobre la cuestión, en una poco frecuente muestra de unidad ante el conflicto que lleva cuatro años.
Tras postergaciones debido a reservas de Rusia respecto del mandato del panel, la misión obtuvo la semana pasada la luz verde final del máximo órgano de decisión de la ONU.
Gamba ha estado trabajando en cuestiones de desarme desde 30 años y ha colaborado en dos misiones sobre armas químicas en Siria.
El panel trabajarán con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, con sede en La Haya.
Estados Unidos, el Reino Unido y Francia acusan al Ejército sirio de haber realizado ataques con armas químicas, entre ellos varios con gas de cloro. Rusia, en cambio, considera que no hay pruebas contra su aliado, al que siempre ha intentado proteger en el seno del Consejo.
El panel debe presentar su primer informe 90 días después de comenzar sus tareas.
En 2013 Siria aceptó un plan ruso-estadounidense para desmantelar su red de armas químicas y plegarse al tratado internacional que prohíbe su uso, en lo que se consideró el primer indicio de que Moscú estaba dispuesto a aumentar la presión sobre el régimen de Asad sobre el tema.
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