Opinión: El remedio para mantener tranquilos a los piratas somalíes

  • La comunidad internacional ingresa cada año unos 1.000 millones de euros para frenar a los piratas de Somalia. Sin embargo, la inversión debe ser en tierra firme, la solución pasa por reinstaurar la autoridad estatal en el país.
La comunidad internacional ingresa cada año unos 1.000 millones de euros para frenar a los piratas de Somalia.
La comunidad internacional ingresa cada año unos 1.000 millones de euros para frenar a los piratas de Somalia.
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EJ Hogendoorn, Washington (EEUU) | GlobalPost

Este está siendo un año extraordinario para los piratas en la costa de Somalia, con cerca de 100 secuestros en el primer trimestre y el cobro de rescates por valor de casi 3,5 millones de euros.

Pese a que se están invirtiendo entre 800 y 1.300 millones de euros anualmente en una enormemente compleja operación antipiratería, hay más ataques a barcos que nunca. Los piratas en el océano Índico operan hasta las islas Seychelles. Eso es así porque aplicamos soluciones superficiales sin atender jamás el problema de raíz: la inseguridad crónica en Somalia y su estado fallido.

La verdadera solución a la piratería no está en las aguas del Índico, sino en Somalia, en tierra firme.

La solución está en reinstaurar la autoridad estatal en las zonas de Somalia en donde actualmente no impera la ley y que se han convertido en un campo abonado a la piratería y el terrorismo y una amenaza persistente para la estabilidad regional e internacional. Para ello es necesario voluntad política y que las autoridades locales acosen a las bandas de piratas. Se les puede persuadir para hacerlo utilizando los incentivos adecuados y con presión de la comunidad internacional.

Es importante recordar que los piratas operan tan sólo desde algunas partes de la costa somalí, y que para ello necesitan la cooperación de los líderes y comunidades locales. Sin su apoyo, las bandas de piratas no podrían equiparse y reabastecerse para los ataques o para retener a los barcos y rehenes capturados en tierra firme durante los largos meses de negociación.

En otras zonas las autoridades locales y las comunidades se niegan a apoyar esta actividad. Somalilandia, por ejemplo, lucha contra los piratas porque quieren que se les reconozca como un país independiente. En 2006, la entonces dominante Unión de Tribunales Islámicos prohibió la piratería (y prácticamente acabó con ella), porque la ley islámica lo prohíbe. Somalilandia ha sido recompensada con un buen pellizco de la ayuda para el desarrollo internacional a Somalia.

Otros líderes locales también podrían reprimir la piratería si les interesara, pero o bien se benefician de ella directamente con el pago de los rescates o no están dispuestos a pagar el precio político de enfrentarse a otros clanes. Lo habitual es que la comunidad internacional pudiese trabajar con el Gobierno nacional para ofrecer los pertinentes "palos y zanahorias" a esos líderes. Pero en Somalia, el inepto Gobierno Federal de Transición tiene que controlar primero la capital, Mogadiscio, antes de poder imponer su autoridad en el resto del país.

Casi dos años después de haber tomado posesión, el Gobierno de transición es cada vez más corrupto y cojo por el débil liderazgo del presidente Sheikh Sharif. Hasta ahora, cada intento para crear una administración mínimamente operativa ha fallado. Aún así, sería injusto echar toda la culpa de la catástrofe del Ejecutivo de transición a Sharif. En el núcleo de la crisis política de Somalia está un modelo de estado central con grandes fallos y que simplemente no se puede aplicar hoy en día en el país.

Muchas personas admiten este problema. Pero las iniciativas para traspasar el poder o compartirlo con enclaves de autogobierno se ven obstaculizadas por las élites del Gobierno de transición.

En lugar de esperar y rezar para que se hagan reformas, la comunidad internacional tiene que buscar iniciativas regionales y de gobiernos locales (como en Somalilandia y en Puntlandia, y en menor medida en Galmudug o Ximan y Xeeb), que han dado pasos significativos para llevar la paz, la estabilidad y el desarrollo a sus respectivas regiones y ciudadanos, sin el apoyo del extranjero. Tal y como ha demostrado Somalilandia, incluso esas zonas que sufren una extrema pobreza, un pobre desarrollo y unos servicios de seguridad débiles, pueden tener éxito en la represión de la piratería.

En lugar de despilfarrar miles de millones de euros en aplicar tiritas, la comunidad internacional debería de poner en marcha los incentivos adecuados para que las autoridades locales y regionales frenen la piratería en sus territorios. Se podría dar apoyo para formar y aumentar una guardia costera, pero también centrarse en mejorar la capacidad de estas administraciones para gobernar de manera efectiva y poner en marcha servicios básicos muy necesitados, como la aplicación de la ley, sanidad y educación. Esto no sólo resultaría mucho más barato que una operación naval enormemente costosa (y el coste añadido para armadores y aseguradoras), sino que realmente ayudaría a estabilizar la situación en tierra firme.

En cuanto los somalíes reconozcan que les conviene frenar la piratería, ésta se terminará rápidamente.

Este conflicto crónico está pasando una enorme factura más allá del mar. Muchos somalíes viven en una inseguridad constante y en una terrible pobreza, con pocas posibilidades de mejora. El 71 por ciento de la población está malnutrida, y cerca de la mitad de los somalíes viven con menos de un euro al día. Más del 20 por ciento son desplazados. El año pasado la ONU pidió más de 410 millones de euros para cubrir las necesidades humanitarias más apremiantes.

Podemos frenar todo esto, pero tan sólo construyendo a partir de los pedazos rotos.

EJ Hogendoorn es el director de proyectos para el cuerno de África del International Crisis Group.

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