En un comunicado difundido por el propio partido, la presidenta del CD, Alma Cortés, ha denunciado persecución a su formación durante dos años a un nivel "que no tiene nombre". "Aquí no hay justicia, no ha debido proceso, se violan los Derechos Humanos y ya el pueblo está cansado", ha añadido Cortés, quien ha formado parte de una manifestación este martes, junto a seguidores de su partido.
La presidenta de la formación ha acusado a Varela de buscar "destruir" no sólo al partido, sino también a su líder, Ricardo Martinelli, y "a las figuras que pertenecen" a la oposición. Así, Cortés ha solicitado a la fiscal, Kenia Isolda Porcell, que escuche a quienes piden "el cese de la persecución política que ha afectado vidas y destruido hogares".
En este contexto, ha solicitado a toda la oposición y a los diputados de la Asamblea que sigan exigiendo la "libertad de los presos políticos", así como el respeto a "los debidos procesos".
ACUSACIONES DE ESPIONAJE
El expresidente Martinelli está acusado por la supuesta comisión de los delitos de violación del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública, al haber espiado las comunicaciones de empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores a su Gobierno.
Martinelli adquirió durante su mandato un "sistema avanzado de espionaje informático" a la empresa israelí MLM Protection por 13,4 millones de dólares.
Este sistema podía infiltrarse en cualquier red y base de datos de telefonía móvil, interceptar intercambio de mensajería instantánea, escuchar conversaciones, registrar huellas dactilares y analizar incluso el estado de una persona según su tono de voz.
El máximo tribunal panameño ordenó en diciembre el arresto de Martinelli, quien salió del país en enero de 2015 y que se ha trasladado a Miami, acusado de haber espiado ilegalmente a más de 150 personas, entre ellas rivales políticos, periodistas y empresarios.
El Ministerio de Exteriores de Panamá informó a finales de mayo de la solicitud del Supremo y se comprometió a revisar los documentos, para determinar si cumplen con "los requisitos de forma" requeridos antes de remitir la solicitud de forma definitiva a Estados Unidos.
No obstante, el expresidente dice que el Gobierno del país "violaría las leyes" en caso de que apruebe pedir a Estados Unidos su extradición.
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