La Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo, está dispuesta a ponérselo muy fácil a cerca de 2.200 empleados públicos que en este momento tienen la condición de personal laboral para que en los próximos meses se conviertan en funcionarios. Para ello, los responsables de la Administración autonómica propondrán a los sindicatos la implantación de un proceso de acceso pionero, que supone en la práctica unas oposiciones a la carta, en las que las preguntas se conocerán con antelación y se podrán llevar libros y material al examen.
El argumento para poner en marcha estas novedosas pruebas, según informa La Voz de Galicia, es que no se tratará de un proceso competitivo, como el de las grandes convocatorias de acceso libre, y que el principal objetivo es blindar -funcionarizar- a este personal que lleva años trabajando para la Xunta. Estos empleados han logrado su puesto actual mediante una oposición o por un concurso-oposición, al igual que los funcionarios, y están sometidos a las normas de la función pública, pero también a las leyes laborales.
Otro de los elementos que jugará a favor de estos trabajadores, que deberán responder a un cuestionario tipo test con tres respuestas posibles de las que solo una será válida, es el importante peso que tendrá la antigüedad en la nota final, que supondrá un 35%, mientras que el examen representará el 60% y los procesos selectivos superados, un 5%. Además, se publicará antes del examen una batería de cuestiones, entre las que finalmente se seleccionarán algunas para la prueba final, y los opositores podrán tener a mano durante el examen los textos legales sobre los que les preguntarán, señala El Faro de Vigo.
El número de preguntas dependerá de los Grupos de acceso. Así, habrá una batería de mil en el Grupo 1 y en la prueba deberán responder a 120. El temario tendrá que ver con legislación en materia de sector público y para contestar a las cuestiones se podrá disponer de los libros. La Xunta de Galicia justifica las numerosas facilidades del proceso en que el examen no tiene por objeto acceder a la Administración ni supone un ascenso y sí la conversión voluntaria a un puesto de funcionario a partir de una plaza que ya tienen.
Críticas a la unilateralidad
Dos de los sindicatos a los que les ha llegado la innovadora propuesta de la Administración gallega -Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)- han criticado la ausencia de negociación para 'funcionarizar' al personal laboral y se han preguntado por los derechos que se obtendrán tras el proceso. Una de las principales dudas tiene que ver con la jubilación parcial, a la que los funcionarios pueden acceder desde los 61 años.
CSIF ha asegurado que antes de iniciar el 'proceso de funcionarización' es necesario estabilizar y consolidar la plantilla pública, convocar concursos de traslado con derecho a cambio de categoría e impulsar los procesos de promoción interna. El objetivo es reducir considerablemente la temporalidad -un grave problema en las administraciones- hasta cerca del 7% y, una vez logrado, impulsar la 'conversión' "siempre a través de la negociación colectiva y no de la imposición unilateral".
La prioridad del personal laboral en la AGE
El personal laboral de la Administración General del Estado -cerca de 40.000 efectivos- también ha logrado arrancar, en plena vorágine electoral y tras duras negociaciones, un buen número de mejoras laborales, más allá de las económicas, al Gobierno de Pedro Sánchez. Además de un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año para estos empleados y de una subida lineal del salario de 280 euros anuales -20 euros más al mes- con efectos desde el 1 de enero de 2018, los empleados públicos podrán optar a las vacantes que queden en la Administración antes de que se incluyan en las ofertas públicas de empleo.
Los puestos de trabajo vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, de acuerdo con la planificación de recursos humanos, se proveerán con concurso abierto y permanente; mediante promoción interna y, por último, mediante ingreso libre. El convenio suscrito entre el Gobierno y los sindicatos destaca que con anterioridad a la inclusión de un puesto de trabajo en una convocatoria de ingreso libre, a la que pueden optar todos los ciudadanos, deberá haberse ofertado previamente el mismo en una convocatoria del concurso abierto y permanente o a través del procedimiento de promoción interna.
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