La oposición pide potenciar aun más la Garantía Juvenil porque el decreto de impulso llega "tarde"

Así se han manifestado los portavoces de los distintos grupos parlamentarios durante el debate de convalidación del decreto ley de medidas urgentes para el impulso del sistema nacional de Garantía Juvenil, para el que, no obstante, han mostrado su apoyo a la convalidación desde el PP, el PSOE, Ciudadanos o Coalición Canarias, frente a la abstención del PDECat o Unidos Podemos, en este último caso condicionada a si se tramita como proyecto de ley, petición a la que también se han sumado el PNV y el PDECat.

La diputada del PSOE, Sonia Ferrer, ha criticado que el impulso a la Garantía Juvenil llega "tarde, mal y a rastras", y que el Ministerio de Empleo ha cometido "graves errores" en el diseño del programa, ya que "no ha logrado ningún éxito ni ninguna mejora".

No obstante, aunque la rectificación llega "tarde" y de forma "incompleta", Ferrer ha reconocido que puede contribuir a impulsar la contratación de los jóvenes, por lo que ha advertido de que, tras haberse perdido "mucho tiempo", desde el PSOE harán un seguimiento "exhaustivo" para que no se "derroche" más dinero.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Yolanda Díaz, ha calificado de "historia de un auténtico fracaso" la gestión realizada respecto a la Garantía Juvenil, y ha lamentado que el futuro de los jóvenes sea "un empleo precario o abandonar el país".

"Este plan ha sido mal parido, ha nacido sin consenso con el diálogo social", ha espetado Díaz a la ministra, a quien ha recordado que los sindicatos llevan mucho tiempo alertando de los errores y sin embargo desde Empleo se pusieron "todo tipo de obstáculos" para favorecer el plan.

ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN

A su vez, el diputado de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha denunciado también la situación de desempleo juvenil que sufre España. "Estamos dejando sin oportunidades a una generación entera, no es de justicia y no podemos permitírnoslo como país", ha apostillado Del Campo, alertando de la "fuga de cerebros".

Del Campo ha lamentado que las solicitudes al Plan de Garantía Juvenil se incrementasen solo de los 200.000 a diciembre de 2015, a 439.000 en diciembre de 2016, cuando hay más de un millón de potenciales beneficiarios.

En todo caso, ha valorado que las conversiones de reducciones en bonificaciones a la Seguridad Social que incluye el decreto de impulso a la Garantía Juvenil mejorará "sin duda" la "maltrecha" cuentas de la Seguridad Social.

Asimismo, ha marcado la necesidad de una Estrategia de Apoyo al Emprendimiento Joven para el periodo 2017-2020, y una actualización del catálogo de medidas e incentivos a la contratación, especialmente en términos de formación, junto a reformas "de calado" en el mercado laboral.

LA "CULTURA DEL REAL DECRETO"

Por su parte, el diputado de ERC Jordi Salvador ha calificado de "parche" el impulso a la Garantía Juvenil, si bien ha valorado su rectificación y las mejoras introducidas en materia de requisitos, aunque ha afeado a la ministra que en el Gobierno "siguen anclados en cultura del real decreto ley".

El diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha pedido que el decreto ley sea tramitado como proyecto de ley, y ha valorado la "sustancial" modificación del documento, aunque considera que ha faltado "cierta autocrítica" del Gobierno.

De su lado, desde el PDECat, Carles Campuzano, ha lamentado que la cifra de inscritos de la Garatía Juvenil esté "muy lejos" de los 800.000 o 900.000 potenciales beneficiarios del programa.

Para Campuzano, los nuevos recursos al programa "no van a servir para revertir las causas de fondo", y también opina que debería ser tramitado como proyecto de ley.

La diputada de Compromís Marta Sorlí ha criticado que el Ministerio de Empleo haya gestionado mal estas ayudas, a diferencia del diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que ha enfatizado que el impulso responde a una "gran necesidad", por lo que está "más que justificada" su aprobación.

Mientras, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha mostrado su apoyo a la convalidación del decreto, aunque ha reconocido que le parece "insuficiente" y ha pedido que el programa se gestione por las comunidades autónomas.