Caracas, 30 mar.- La presidenta de la Comisión Electoral de las primarias opositoras de Venezuela, Teresa Albanes, reiteró hoy que pagará la multa de 15.200 bolívares (3.535 dólares) que le impuso el Tribunal Supremo por haber desacatado la orden de no quemar los cuadernos de votación de las elecciones primarias.
"Reiteramos que pagaremos la multa dentro del nuevo plazo de 30 días contados a partir de este fecha, pues, a pesar de que consideramos injusta dicha sanción, no estamos en rebeldía frente al Tribunal Supremo de Justicia", dijo Albanes a periodistas.
La Sala Constitucional del TSJ ratificó ayer la multa impuesta a Albanes por la quema de las actas electorales el día 14 de febrero, dos días después de que se celebraran las primarias de la oposición en las que se escogió a Henrique Capriles para enfrentar al mandatario Hugo Chávez en las presidenciales del 7 de octubre.
"Consideramos injusta esta decisión que hace recaer una sanción por una conducta que no implicó desacato ni desobediencia alguna", reclamó Albanes, quien nuevamente dio las gracias "a las decenas de miles de personas" que dieron "generosos aportes" para pagar "esta injusta multa".
Esa medida de multar a la presidenta de la Comisión Electoral se tomó después de que uno de los precandidatos participantes en la consulta, que aspiraba a un cargo de alcalde en un municipio del estado occidental de Yaracuy, interpusiera un amparo en solicitud de la revisión de los resultados.
Meses antes de esta votación, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció a los potenciales votantes que los cuadernos y actas electorales donde figurarían sus nombres y datos serían destruidos para preservar la identidad de los participantes.
Albanes ha argumentado que la quema de los cuadernos se hizo para "impedir una nueva lista de la infamia", en alusión al listado de firmantes que en 2004 reclamaron un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez.
Esa lista se hizo pública y, según denuncias de la oposición, a los electores que figuraban en ella se les impidió, entre otras represalias, el acceso a funciones laborales en la administración pública o ascensos en ella.
El pasado 29 de febrero la MUD anunció que cancelaría la multa impuesta a Albanes, quien, a su vez, destacó que en tres días se logró la recolección de los 3.535 dólares.
Sin embargo, en esa misma fecha Albanes presentó un escrito de reclamo contra la multa alegando, entre otras, que viola su derecho al debido proceso.
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