La primera sesión de vista oral por la caja 'B' del PP se convirtió en justo lo que no querían ni el tribunal ni la Fiscalía Anticorrupción: un enfrentamiento cara a cara entre Luis Bárcenas y el Partido Popular. Aunque las primeras horas de los juicios no suelen dar para mucho, el abogado del extesorero popular dejó caer una bomba, casi al inicio, al anunciar que pediría un careo entre su cliente y Mariano Rajoy, anticipando también que muchas de las pruebas que dijo que aportaría no las tiene porque se las robaron en una operación parapolicial que investiga la Audiencia Nacional. La respuesta del PP a cinco días de titulares y entrevistas por esta contabilidad opaca llegó cuando Jesús Santos tomó la palabra en defensa de la formación popular. Tras desacreditar al enemigo número 1 del partido, entregó por sorpresa una veintena de autos y sentencias de los últimos seis años resultado de las batallas judiciales contra el extesorero en los que no ha salido bien parado.
El Partido Popular respondió a su exempleado con los pronunciamientos que juzgados ordinarios, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo han hecho a lo largo de estos últimos años. Y es que el juicio por la reforma de la sede no es más que un nuevo capítulo de una guerra que se remonta al año 2013, cuando Bárcenas fue despedido tras descubrirse que ocultaba una fortuna de 47 millones de euros en Suiza. Las primeras evidencias que aporta el Partido Popular al respecto son la sentencia de 17 de julio de 2014 por la que un juzgado de Madrid desestimó la demanda del extesorero contra la formación por despido improcedente y la ratificación, un año después, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Santos se encargó de recordar esta victoria de hace siete años haciendo hincapié en que han sido 19 los órganos jurisdiccionales que, en todo este tiempo, no le han dado "la más mínima credibilidad y verosimilitud a su versión".
El PP también entregó a las partes el auto dictado por el juzgado de instrucción número 2 de Madrid en mayo de 2016 en el que se archivó el procedimiento iniciado a raíz también de una denuncia de Bárcenas por delitos de falsedad documental y estafa procesal. El abogado del PP tampoco pasó por alto el episodio por el borrado de los discos duros de sus ordenadores. Bárcenas demostró durante el juicio que su relación con el PP estaba rota y ya ahí apeló a la famosa trama Kitchen por la que se le sustrajo material sobre la caja 'B' gracias a la colaboración de su entonces chófer. El fallo supuso toda una victoria judicial para el PP -representado también por Santos- porque le absolvió de cualquier delito informático. La investigación no pudo probar que los dispositivos que formatearon hasta 35 veces ocultaran información que le pertenecía.
Expectativas desinfladas
Sin embargo el gran golpe lo asestó al referirse a la sentencia de la trama Gürtel por la que Bárcenas cumple condena en Soto del Real. La defensa del PP, que se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario, recordó el fallo de la Audiencia Nacional destacando especialmente el descrédito que le generó su argumentación sobre cómo amasó el patrimonio que ocultaba al fisco. "Ni siquiera las medias verdades que con ello construye nos ofrece una mínima verosimilitud", expuso entonces la sentencia por la primera época de la red de Francisco Correa. Un veredicto que confirmó el Tribunal Supremo en octubre del pasado año. Su pronunciamiento, en el que también recogió alusiones a la caja 'B' del PP que ahora se juzga, propició la entrada en prisión de Rosalía Iglesias por una condena en firme de 12 años.
Precisamente el desenlace de la mujer de Bárcenas fue el que desencadenó una nueva embestida al partido que ahora lidera Pablo Casado y que no rompe lazos con él, toda vez que ha trascendido que, presuntamente, emisarios del PP le contactaron a finales de 2018. Ese nuevo ataque se ha producido en forma de carta a Anticorrupción en la que avanzaba que Rajoy destruyó material sensible sobre los sobresueldos en negro y que tenía pruebas que lo demuestran. Sin embargo, en su intervención inicial, Galán ya rebajó las expectativas. El nuevo abogado de Bárcenas -el cuarto desde que arrancara la trama Gürtel- anticipó que llegó a ocultar "ingente" material sobre la financiación opaca. "Papeles, grabaciones y pendrives", dijo, para advertir acto seguido de que había "déficit" de los mismos por culpa del operativo parapolicial impulsado para robárselos. Unos hechos que no pasó por alto Galán y de los que dijo que eran "muchísimo más graves" que los que ahora enjuicia la Audiencia Nacional.
Algo similar ocurrió con otra de las pruebas estrella que Bárcenas descubrió en su carta a la Fiscalía: la existencia de una grabación del fallecido Álvaro Lapuerta que comprometería a Rajoy por este asunto. Ayer, lejos de confirmar si la entregará en la vista oral, desveló el nombre del periodista que está detrás de la misma y pidió su testifical. También la de Mariano Rajoy, cuya presencia en el juicio ya habían solicitado las acusaciones y confirmado el tribunal. "No quiero generar ningún tipo de circo", anticipó Galán para deslizar, acto seguido, que pediría formalmente un careo entre el expresidente del Gobierno y su cliente si éste vuelve a desmentirle como ya hiciera en el juicio de la trama Gürtel. A falta de conocer la respuesta de los magistrados, que resolverán este mismo martes sobre las cuestiones previas, la reacción del PP y otros acusados fue de sorpresa y rechazo.
"Todo lo que hay alrededor de este juicio son fuegos de artificio", llegó a decir el abogado del arquitecto Gonzalo Urquijo. Tampoco la Fiscalía entró al juego de Bárcenas. Más bien al contrario, a la intervención inicial del fiscal Antonio Romeral (que pidió no acusar al PP por delito fiscal del ejercicio 2008), hay que añadir una nota hecha pública por Anticorrupción. En pleno desarrollo del juicio el órgano que dirige Alejandro Luzón dejó patente que no veían novedades sustanciales en el anuncio hecho por Bárcenas y que no existía ningún tipo de pacto con él en este sentido. De momento afronta una pena de prisión de cinco años por este juicio de la reforma de la sede aunque su objetivo está más centrado en la parte de la investigación que sigue abierta en la Audiencia Nacional por esa supuesta caja 'B'.
De hecho, el magistrado que la dirige, Santiago Pedraz, le tomará declaración en sede judicial por este asunto. Pero antes de que llegue ese momento el exresponsable de finanzas del PP tendrá que pasar la prueba de fuego en este juicio y responder por esa financiación irregular que ubica a principios de los años ochenta. Máxime después de la expectación generada que ha molestado especialmente a los otros acusados en el juicio. Se da la paradoja de que el exgerente Cristóbal Páez y los otros miembros del despacho que habrían cobrado en 'B' por las obras de Génova tuvieron un peso infinitamente menor en esta primera sesión de juicio pese a ser los verdaderos protagonistas del mismo. Sus defensas pidieron el archivo de la causa y negaron delito al fisco por el cobro de los cerca de 900.000 euros. Santos fue más allá y embistió a las acusaciones por pedir para el PP condena por organización criminal y tráfico de influencias.
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