Ordenar competencias impropias y fusionar municipios ahorrará 3.500 millones

  • El Gobierno prevé ahorrar 3.500 millones de euros en 2013 gracias a la agrupación de municipios y a la ordenación de las competencias impropias, aquellas que en la actualidad ejercen los ayuntamientos cuando deberían corresponder a otra administración.

Madrid, 27 abr.- El Gobierno prevé ahorrar 3.500 millones de euros en 2013 gracias a la agrupación de municipios y a la ordenación de las competencias impropias, aquellas que en la actualidad ejercen los ayuntamientos cuando deberían corresponder a otra administración.

Así consta en la documentación que ha distribuido hoy el Gobierno como resumen del programa de estabilidad 2012-2015, elaborado para su remisión a Bruselas el próximo lunes, y que contiene las medidas con las que se pretende controlar el déficit público y favorecer el crecimiento económico.

Fuentes del Ministerio de Economía han explicado que no está todavía claro a cuántos de los 8.116 ayuntamientos españoles afectarían estas medidas, y han asegurado que "en las próximas semanas o meses" se aclararán estos extremos.

El Gobierno tiene en sus previsiones reformar la ley de Bases del Régimen Local para concretar las competencias de los ayuntamientos desde el principio de "una administración, una competencia", y definir el papel de las diputaciones provinciales.

Se pretende definir los servicios que deben prestar los ayuntamientos y acabar así con lo que se conoce como competencias "impropias", que son las que prestan los municipios sin contar con financiación para ello porque corresponden a otra administración.

A partir de esa definición, se acordará un nuevo sistema de financiación y se clarificarán los recursos económicos de los entes locales para prestar esas competencias, evitando así el actual sistema de convenios entre administraciones.

La clarificación de competencias es una de las demandas históricas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que cifra en unos 6.000 millones al año el coste que para los ayuntamientos suponía prestar esas "competencias impropias".

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