Organizaciones criminales utilizan los puertos de Santander y Bilbao para llegar a Reino Unido, según un fiscal

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El fiscal de la Fiscalía General del Estado, Luis Lafont Nicuesa, ha señalado que las organizaciones de tráfico de inmigrantes que buscan llegar a Reino Unido, que actualmente es el "paraíso" de este tipo de organizaciones, lo hacen en ferrys desde Santander y Bilbao.

Así lo ha señalado este viernes Lafont durante su intervención en el curso 'Gestión de fronteras y derechos humanos: protección de los grupos vulnerables' que ha tenido lugar esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Lafont ha explicado que la Fiscalía General del Estado está terminando un informe sobre las organizaciones criminales que en materia de inmigración ilegal se han investigado durante 2018 y que se publicará a finales del mes de septiembre.

El fiscal ha informado que "lo que más se han encontrado" son organizaciones que facilitan el "salto a la fuerza" por vallas fronterizas, las que se introducen por vías marítimas, rutas terrestres en vehículo, los ferrys que salen de Santander y Bilbao hacia Reino Unido y los que trabajan "sólo con menores".

"El problema del tema terrestre y del marítimo es que las cabezas de estas organizaciones no están en España, están en Marruecos, la cooperación jurídica y policial es clave. Tenemos muchas organizaciones investigadas en España cuyo objeto es el tránsito de inmigrantes por España con otros destinos, sobre todo Reino Unido que es, actualmente, el paraíso para estas organizaciones criminales", ha detallado.

Además, el fiscal ha analizado el Artículo 318 bis del Código Penal "que castiga el delito de tráfico, de contrabando de inmigrantes", para asegurar que "nada tiene que ver con el delito de trata de seres humanos" y el "delito de esclavitud".

En este sentido, si bien ha detallado que en ambos hay "movimiento de personas", así como "intereses económicos", el fiscal ha recordado que la inmigración ilegal "es un delito de trata de seres humanos" que va puede ir acompañado de "actos de secuestro", "detención ilegal" y que todo eso, a su juicio, "debiera ser objeto de reforma legal".

"Estamos ante un negocio. El traficante de inmigrantes quiere cobrar su deuda y realmente le es indiferente en qué forma el inmigrante en España obtiene el dinero para pagar la deuda", ha subrayado.

Además, Lafont se ha referido a la problemática, que ha calificado de "pesadilla", de que en el delito de inmigración ilegal sobre la necesidad de que tenga que haber una infracción en de la normativa administrativa de Extranjería.

Según ha explicado el fiscal, la resolución del Parlamento Europeo del 5 de julio de 2016 recoge los supuestos de "extorsión o violencia física para el cobro de deudas" y lo califica como "acto de trata de seres humanos", si bien el Código Penal "no incorpora esa finalidad específica".

Tal y como ha señalado, en el Código Penal aparece la "servidumbre por deudas", pero no así la "coacción". "No tenemos la amenaza para el cobro de la deuda, con lo cual estos delitos deben calificarse como inmigración ilegal con una rebaja muy sensible respecto al delito de trata de seres humanos", ha lamentado.

A su juicio, cuando el inmigrante, para hacer frente a la deuda, "se ve abocado al ejercicio de la prostitución", el caso "se aproxima mucho a un supuesto de trata de seres humanos".

Por ello, ha instado a trabajar contra este tipo de organizaciones. "Son mafias, son estructuras criminales que deben ser perseguidas íntegramente en nuestro territorio", ha aseverado.

Además, el fiscal ha lamentado que con la reforma de 2015 se busca proteger "la unidad del derecho europeo en esta manera", mientras que la protección del inmigrante se hace de una forma "colateral" y "secundaria" en una "modalidad muy específica", cuando se haya puesto en peligro su vida o integridad física.

Por último, el fiscal ha abordado la existencia de infracciones administrativas como la falsedad documental y los matrimonios de conveniencia que suman "un plus de relevancia penal".

En este sentido, ha considerado que el delito de matrimonios de conveniencia "ha dejado de existir" si bien cuando éste forma parte de un "negocio criminal", sí existe delito. Por ello, ha explicado que, para que haya "vía penal" hay que tener, por la vía civil, "una anulación del matrimonio".