Organizaciones humanitarias y familiares de víctimas de la dictadura de Francisco Franco denunciarán hoy ante la Justicia de Argentina el "genocidio" cometido en España entre 1936 y 1977.
Los denunciantes explicaron que la querella busca condenar los "crímenes" de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), hasta las primeras elecciones democráticas tras el régimen, celebradas el 15 de junio de 1977.
Se trata de la primera demanda que aspira a que un tribunal argentino aplique el principio de "jurisdicción universal" para investigar crímenes que, según aducen los organismos humanitarios, no prescriben.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, son algunos de los promotores de esta iniciativa que se concretará mañana en los tribunales federales de Buenos Aires.
La denuncia estará encabezada por Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei (Lugo, norte de España); y por Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 luego de ser encarcelado cuando era asimismo alcalde de la ciudad de Salamanca.
Los promotores de la demanda apelarán al principio de "jurisdicción universal" existente en la Constitución argentina y "consagrado en el derecho internacional, y que basó también las actuaciones que el juez Baltasar Garzón encabezó en España", señaló Carlos Slepoy, uno los abogados que trabaja en la causa en colaboración con entidades humanitarias locales.
Una vez hecha la presentación, los querellantes sabrán hoy cuál será el juez federal argentino que tendrá a cargo tramitar la causa, que denuncia la desaparición de 113.000 personas durante la dictadura de Franco, un dato que rescata de las actuaciones del magistrado Garzón en España.
Esta denuncia ante la Justicia argentina coincide con la causa abierta en España a Garzón, en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación tras haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.
Slepoy, quien intervino como parte querellante en los juicios que instruyó Garzón contra Jorge Videla y otros responsables de la dictadura argentina (1976-1983), admitió incluso que la acusación contra el juez de la Audiencia Nacional española incentivó la presentación de la denuncia judicial en Argentina.
El principio de jurisdicción universal es "el mismo" que se aplicó contra el dictador chileno Augusto Pinochet y en el juicio contra el ex piloto naval argentino Adolfo Scilingo, a quien la Justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina, precisó Slepoy, residente en Madrid.
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