El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol y los otros acusados por el caso del supuesto amaño de concursos de estaciones de ITV han rubricado este miércoles el pacto con la Fiscalía Anticorrupción y finalmente evitarán el juicio por jurado popular en la Audiencia de Barcelona.
Durante la mañana, han pasado por la Fiscalía a estampar su firma en el acuerdo cinco de los seis acusados: Oriol Pujol, su esposa Anna Vidal, el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor y Sergi Alsina, mientras que se prevé que en breve lo firme el quinto acusado, Ricard Puignou.
Con este pacto, Pujol acepta una pena de dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, Sergi Alsina, dos años de cárcel, mientras que el resto tienen penas de cárcel de entre 15 y 5 meses sustituibles por una multa.
Concretamente, a Anna Vidal le fijan una condena de 15 meses de cárcel sustituible por el pago de una pena multa de 83.000 euros: a Josep Tous, cinco meses de prisión sustituibles por una pena multa de 22.500 euros; y a Sergi Pastor y Ricard Puignou, la pena de cinco meses de cárcel sustituibles por una pena multa de 60.000 euros.
Pujol acepta una condena de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV, la misma que en el anterior acuerdo con Fiscalía, que no prosperó porque dos de los acusados, Sergi Alsina y Josep Tous, no se avinieron con ese pacto.
La Audiencia de Barcelona había rechazado su anterior acuerdo, que previa que se dictara sentencia para cuatro de ellos y se juzgara a los dos que no habían pactado, al considerar que, aceptando una conformidad parcial, se dictarían sentencias separadas -una para los conformados sin celebración de juicio y otra para los no conformados tras su celebración-, lo que "dividiría aquella continencia y podría causar indefensión a los no conformados".
Así lo confirmó posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que desestimó "la pretensión de permitir una conformidad de solo parte de los acusados en relación con los hechos que les imputa el Ministerio Fiscal".
Consideró que el hecho de que unos acusados pacten unas condenas y otros no puede dificultar el derecho de defensa de los que sí sean juzgados, ya que algunos hechos imputados requieren connivencia entre acusados.
En un principio, la Fiscalía Anticorrupción pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado, más 310.000 euros de multa por su presunta implicación en el caso ITV, y tres años y cuatro meses para su mujer.
En su calificación previa al juicio, los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto acusaban al hijo del expresidente de la Generalitat de los delitos de tráfico de influencias, por el que pedían dos años; cohecho, por el que solicitaban un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demandaban dos años más.
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