Orihuela (Alicante), 8 nov.- El constructor Enrique Ortiz ha negado ante el juez de la rama del Brugal que investiga la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja que el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), le pidiera dinero o pisos para beneficiarle en el citado concurso.
Ortiz ha comparecido durante 40 minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, y se ha limitado a leer un alegato después de rechazar contestar tanto a las preguntas del juez como del fiscal Anticorrupción y de las partes personadas.
Según ha relatado posteriormente a los periodistas uno de sus abogados, Alejandro Bas, en dicho discurso ha asegurado que es "absolutamente falso" que Ripoll, actual presidente del puerto de Alicante y del PP provincial, le pidiera "dos pisos o un millón de euros", como cree Anticorrupción.
También ha sostenido que Ripoll "jamás" le ha solicitado favor alguno "ni nada" y ha añadido que, por su parte, él tampoco le ha pedido beneficios ni le ha ofrecido nada.
En el alegato, el constructor ha negado todos los hechos delictivos que se le imputan y ha afirmado que la unión temporal de empresas (UTE) Cespa-Ortiz se hizo con la adjudicación del plan zonal de residuos porque "fue la oferta mejor valorada por todos los técnicos desde un principio", ha dicho el letrado.
Ortiz ha querido dejar claro que no ha adquirido la finca Las Pistolas, al parecer propiedad del también imputado Ángel Fenoll y donde se preveía situar la planta de tratamiento de residuos.
Sobre el supuesto intermediario en las operaciones, el empresario Rafael Gregory, que compareció ayer ante el mismo juez, ha indicado que nunca le ha pagado cantidad alguna por ningún asunto relacionado con el plan de residuos de la Vega Baja.
Según el abogado de Ortiz, éste ha explicado al juez que desde el momento en que resultaron adjudicatarios del plan zonal eran conscientes de que la mayor parte de los municipios de la comarca eran "reacios" a albergar la planta de tratamiento por motivos políticos o de opinión pública.
Ha continuado que, por este motivo y para facilitar a la administración la ubicación del recinto, la UTE ofreció posibles lugares "en distintos sitios" de manera que la decisión fuera "menos problemática".
Ortiz, también imputado en otras ramas del Brugal, como la del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, es el cuarto imputado en declarar en la actual ronda de comparecencias dictadas por el juez de Orihuela.
Sucede al industrial oriolano Ángel Fenoll, el hijo de éste, Antonio Ángel, y el supuesto intermediario Rafael Gregory, todos los cuales se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la posible anulación de las escuchas policiales que iniciaron el caso.
Tras él, comparecerá el empresario Ángel Luis Bracho (30 de noviembre), el citado Ripoll (1 de diciembre) y cerrará la ronda el empresario José Candel (el 5 de ese mes).
En esta rama del Brugal, el juez San Martín investiga posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia.
A principios de julio de 2010, se detuvo a Ripoll, Ortiz y a nueve personas más en Orihuela, Alicante y Valencia, y se practicaron diversos registros, entre ellos en la casa y despacho del entonces presidente de la Diputación y aún líder provincial del PP. EFE
1011123
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios