La decisión del Congreso de los Diputados de Guatemala de aprobar la retirada de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina para poder ser investigado de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, marca un hito en la crisis política y social de un país, acostumbrado a la impunidad de su clase política desde que los vencedores ocuparon las instituciones tras la guerra civil que asoló el país durante treinta y seis años.
La presión de la calle y de los golpeados ciudadanos guatemaltecos tuvo su efecto poco después de que a mediados de abrilla Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)destapara el que no es el primer caso de corrupción política durante la legislatura de Pérez Molina, pero sí el que ha acabado por provocar, entre otros cargos institucionales, la dimisión de cuatro de sus ministros y la detención provisional de la vicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en el conocido como caso 'La Línea'.
'La Línea' es una trama corrupta que operaba desde hace un año en las aduanas de todo el país, encargándose del cobro de sobornos a empresarios a cambio de favorecer sus productos sobre otros, o de rebajas en los impuestos de dichas mercancías. La red también implicaría así al fuerte sector oligárquico, tradicional actor de la vida política del país.
La CICIG recaudó en solo dos semanas 330.000 dólares, lo que puede hacer una idea de la magnitud del escándalo, el cual, hasta la fecha, ha provocado la detención de 27 personas y la salida a las calles de miles de ciudadanos exigiendo la dimisión del Gobierno. Con la cercana imagen de Pérez Molina sentado en el banquillo de los acusados, la oposición ha pedido que las elecciones presidenciales previstas para el 6 de septiembre sean canceladas, pues consideran que no se dan las condiciones adecuadas para su celebración.La patronal siempre presente
Si bien se han producido dimisiones dentro del Ejecutivo, la mayoría de las renuncias proceden de cuadros empresariales, integrantes por ejemplo, delComité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras(CACIF), la cúpula empresarial por antonomasia de Guatemala, que no solo apoyó económicamente al Partido Patriota de Pérez Molina durante la campaña electoral de 2011, sino que luego ha contado con presencia en las instituciones.
Tanto es así, que durante la sesión en la que 132 diputados del Congreso votaron a favor de retirar la inmunidad del presidente, una delegación de la patronal ocupó el palco del Congreso destinado al cuerpo diplomático, lo que provocó las críticas de la oposición y la reprimenda del presidente de la Cámara, quien confirmó que dichos representantes del CACIF no contaban con autorización para estar ahí.
Sin embargo, tras el estallido del escándalo, la patronal se ha querido distanciar del Gobierno, tanto que le retiró su apoyo el mismo día que Baldetti fue detenida. Una decisión inesperada que no gustó a Pérez Molina, que cargó contra la CACIF el día que anunció que no pensaba dimitir, acusándoles de corruptores.
La nueva postura de la cúpula empresarial buscaría canjearse el apoyo de una opinión pública escasamente organizada desde la cruenta guerra civil, y que con el enésimo caso de corrupción política, bien podría reforzar la articulación de las fuerzas de la izquierda, en constantes disputas ideológicas.Un militar acusado de genocidio
Otto Pérez Molina (1950) es el primer militar elegido en las urnas desde que Guatemala entrara en democracia allá por 1985 tras largos años de dictaduras militares y fraudes electorales. Al mando de diversos pelotones durante la guerra civil (1960-1996), que dejó 200.000 muertos y miles de víctimas de torturas y violaciones, sobre él también pesan oscuras acusaciones de genocidio durante aquel periodo.
El 'General de la Paz', como le gusta autodefinirse tras ser la firma que selló en un tratado el fin del conflicto en 1996, siempre ha negado haber tomado parte en las violaciones de los Derechos Humanos que se produjeron durante aquel negro periodo, aunque fue señalado por varios testimonios durante el enjuiciamiento en 2013 del dictador Efraín Ríos Montt como responsable directo de la matanza de comunidades indígenas.
Ya retirado del Ejército, en febrero de 2001 sufrió junto a su familia un atentado del que pudieron salir airosos. Tres días después fundaría el Partido Patriota con el que accedió al poder en abril de 2012, tras una campaña electoral en la que prometió "mano dura" contra la corrupción.
Su administración ha estado marcada durante estos años por su falta de transparencia, el despilfarro de las instituciones, así como por otros casos de corrupción, como el del fraude en el Instituto de Seguridad Social -presidido por su secretario privado Juan de Dios Rodríguez-, o la detención de su yerno por tráfico de influencias y asociación ilícita.
Antes de ser investido presidente en abril de 2012, un mes antes propuso ante el resto de sus homólogos de América Central la posibilidad de legalizar el consumo de drogas a fin de intentar frenar el otro gran flagelo que azota la región.
Su mandato también será recordado por engrosar la lista de gobiernos guatemaltecos que poco hicieron por la reconciliación nacional tras una penosa guerra civil de casi cuarenta años que todavía ha dejado muchas heridas sin cicatrizar.
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