La mercantil Caná Cuatro, implicada en la estafa piramidal del empresario Antonio Mas -conocido como el 'Madoff catalán'- ha ofrecido a los inversores que perdieron sus ahorros con el gran engaño de los espacios publicitarios un total de 10 millones de euros en el marco de la causa abierta en un juzgado mercantil de Madrid que tramita su concurso de acreedores. De esta manera, la empresa que controla la familia San Martín busca desligarse de un fraude que alcanzaría los 300 millones de euros y salvar así su capital ya que, de lo contrario, se procedería a su liquidación.
La propuesta de convenio que formula la mercantil y a la que ha tenido acceso este diario, recoge que Caná Cuatro entró en situación de "insolvencia definitiva" porque Publiolimpia, de la que es dueño Mas Samora, no le devolvió ni un euro de los beneficios acordados ni las cantidades invertidas en esta estafa que se investiga en la Audiencia Nacional. De este modo, se presenta como auténtica damnificada del fraude y se desvincula de cualquier responsabilidad que se derive de esta estafa que ha dejado miles de afectados, entre ellos un nutrido grupo de la alta sociedad, como la presidenta del Club Siglo XXI, Paloma Segrelles.
El fraude en cuestión consistió en que Publiolimpia simuló la adquisición de espacios publicitarios en televisión para venderlos a todo tipo de inversores a los que, además, les prometió una altísima rentabilidad. Caná Cuatro, que ahora se desliga de estos hechos, actuó canalizando y atrayendo a dichos inversores, los cuáles en un primer momento cobraron del capital que ingresaban otros estafados hasta que se descubrió que los contratos eran falsos y los concursos inexistentes y se destapó así la magnitud de esta estafa piramidal.
La mercantil del constructor Julio San Martín asegura que la oferta que le hace a los accionistas no tiene nada que ver con el fraude sino que se formula precisamente para desvincularse del mismo. Por eso, en esta fase de convenio -que finaliza el 22 de abril- ofrecen a los inversores 6,9 millones de euros, cuantía que correspondería con todo el capital que perdieron en la inversión del negocio del Madoff catalán, más otros tres millones extra para cumplir con los requisitos que exige esta alternativa.
Para que la propuesta salga adelante es necesario que acepten el convenio un 65 por ciento de los créditos concursales ya que, de lo contrario, se procedería a la liquidación de la sociedad cuyo lucro obtenido, de acuerdo con lo estipulado en el informe pericial, iría a parar a las cuentas de la Audiencia Nacional donde se instruye la investigación penal por estos hechos. Con todo, la adhesión a esta propuesta de convenio no conlleva que se tenga que renunciar necesariamente a las acciones legales de cara a depurar responsabilidades por esta macroestafa.
Investigación en manos de la Audiencia Nacional
Cabe recordar que el número de damnificados personados en la causa penal es tan grande que el magistrado al frente de la misma, Manuel García Castellón, acotó las acusaciones de 73 a un máximo de nueve, priorizando las que engloben más estafados y hayan sufrido un perjuicio de mayor cuantía. Del mismo modo propone que el resto de inversores que perdieron los ahorros se agrupen en una misma dirección letrada con el objetivo precisamente de evitar que la instrucción, ya de por sí compleja, se eternice en el tiempo.
De hecho, la magnitud de la causa proveniente de los juzgados de Barcelona es tal que los primeros pasos que dio el instructor fueron encaminados a digitalizar todo el contenido que obra en el sumario de la misma. Igualmente acordó la apertura de piezas procedimentales en función de las diligencias que se fueran tomando y rigiéndose por criterios determinados "exclusivamente” en función de la cuantía del perjuicio, aplicando de esta forma el protocolo de actuación que rige para la causas complejas.
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