Declaración en la Audiencia Nacional 

Pacto con Saracho y línea de liquidez: la confesión de Albella sobre el fin Popular

El presidente de la CNMV revela ante el juez que consensuó con Saracho la emisión de un hecho relevante para anunciar su propuesta como sucesor de Ron.

Sebastián Albella (CNMV) en un curso de la APIE
Albella dijo a Saracho que era clave para el banco hacer pública su propuesta de presidente.
UIMP - Archivo

La cita judicial del presidente de la CNMV en la causa del Banco Popular por su asesoramiento al proceso de ampliación de capital sirvió también para sacar a la luz algunos de los últimos capítulos de la entidad antes de su resolución. En una declaración que se prolongó más de tres horas, Sebastián Albella desgranó detalles acerca de cómo se gestionó desde el regulador la crisis del entonces sexto grupo bancario español demostrando el interés existente por tratar de tranquilizar al mercado en pleno proceso de sucesión entre Ángel Ron y el último presidente del banco, Emilio Saracho.

Aunque la comparecencia iba más encaminada a que explicara el papel del bufete Linklaters en la operación de 2016, Albella también fue preguntado por el desenlace de un banco que sufrió una fuga de depósitos de 16.000 millones en apenas tres meses. De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, el presidente de la CNMV relató que su primera comunicación con Saracho sobre el Popular se produjo antes de su aterrizaje en la entidad. En un gesto poco habitual, Albella pidió a la entidad que emitiera un hecho relevante para hacer pública la propuesta de que el entonces vicepresidente de JP Morgan sería el sustituto de Ángel Ron. Según expuso, este gesto sería muy bien acogido por los mercados. 

Saracho, que también fue preguntado sobre este extremo en su interrogatorio en sede judicial, le matizó que no se podía  trasladar al mercado el relevo de Ron cuando no había aceptado formalmente la presidencia de la entidad. No obstante, finalmente se emitió un hecho relevante a finales de 2016 en el que se daba traslado de que en el Consejo de Administración de aquella sesión se había propuesto a Saracho que asumiera la presidencia en febrero del siguiente año. Se trató de una época especialmente convulsa para la entidad por cómo se produjo la salida de Ron de la misma. De hecho, en su turno de declaración, el banquero gallego se refirió a este episodio y apuntó que los accionistas no apoyaron su salida de la entidad. 

Problemas de liquidez

Otro de los episodios que salieron a relucir en su cita judicial fue el grave problema de liquidez que afrontó la entidad hasta su resolución en junio de 2017 por parte de la JUR y su posterior venta al Santander por un euro. Según explicó Albella, el regulador les autorizó a no publicar en hecho relevante que se había planteado una provisión urgente de liquidez (ELA, por sus siglas en inglés). Según explicó, se acogieron a la normativa que regula el Mercado de Valores para evitar que esta ayuda de emergencia que otorga el Banco de España hiciera más mella en una entidad que afrontaba filtración de informaciones desde el Consejo de Administración y fuga de depósitos resultado en parte de las malas noticias publicadas acerca de su estado. 

El 5 de junio de 2017 solicitó formalmente la ELA. Primero por un volumen máximo de 1.900 millones y luego una ampliación de hasta 9.500 millones. Solucionados los defectos formales para prestar garantías, un día después el banco pidió disponer 300 millones más. Esa misma noche, entró en proceso de resolución y tras su venta, el Santander decidió cancelar esta provisión urgente de liquidez liberando de este modo los activos que había entregado en garantía. Sea como fuere, Albella también se refirió a otros episodios clave en la vida del banco, como fue la emisión del hecho relevante del 3 de abril de ese año en relación con la necesidad de reformular las cuentas de 2016. Al respecto, insistió en que, tecnicismos aparte, lo que le interesaba a la CNMV era que esa información se hiciera pública al mercado. 

En relación al asesoramiento prestado desde el despacho de Linklaters a la ampliación de capital de 2016, Albella insistió en que él no llevó el grueso de la operación sino que la documental la estudió en su totalidad el socio del despacho, Jorge Alegre. El propio Ron había pedido que se le requirieran las facturas de la asesoría externa prestada para respaldar la operación, si bien el magistrado José Luis Calama Teixeira acordó requerir al Santander toda la documentación en la que se plasma este asunto. Entre la misma figura el acta del Consejo del 25 de mayo de 2016 al que acudió invitado por el entonces presidente para que explicara a los consejeros los pormenores del asunto desde un punto de vista exclusivamente "técnico-jurídico".

Al respecto, y en la línea con lo expresado en el Congreso de los Diputados, Albella dijo que simplemente les explicó que "nunca una operación de refuerzo de capital debería suponer responsabilidad de ningún tipo" siempre y cuando actuaran de buena fe y contaran con la información completa y correcta respecto a la operación. Así lo recoge la Ley de Sociedades de Capital, según la cual tampoco se pueden pedir responsabilidades a los consejeros en la medida en que no actúen movidos por intereses personales. Esta opinión se plasmó en la 'Legal Opinion' de 27 de mayo de Linklaters en la que se amparó el banco para sacar adelante la operación aprobada en aquel Consejo de Administración de mayo de 2016 por 2.505 millones de euros.

Apenas cinco meses después, Albella salió del despacho para presidir un organismo que, hasta la fecha ha sancionado al banco por presunta irregularidad en las cuentas de 2016 y ha multado con un millón de euros a la antigua cúpula por ocultar presuntamente de forma engañosa los informes de las remuneraciones correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. Preguntado por este asunto Albella negó incompatibilidad en los cargos e insistió en que no llevó la voz cantante en el asesoramiento prestado durante su etapa anterior desde el despacho Linklaters.

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