Este jueves se cumplen diez años del acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para la reforma del sistema de pensiones que retrasó a 67 años la edad de jubilación, subió a 37 años el periodo cotizado necesario para lograr el 100% de la prestación y amplió a 25 años el periodo para calcular la pensión.
La efeméride llega en un momento en que el Gobierno de coalición tiene de nuevo abierta una negociación en el ámbito social para reformar las pensiones, después de que en el ámbito político la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo llegara en noviembre a un amplio consenso para las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de modificar el sistema.
El acuerdo suscrito en 2011 por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llegó en la madrugada del mismo viernes en el que el proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros, aunque el texto definitivo no se publicó en el BOE hasta el 2 de agosto, una vez superado el trámite parlamentario.
La ley preveía una entrada en vigor demorada y progresiva desde el 1 de enero de 2013, que todavía no se ha completado. Para elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años se estableció un periodo transitorio hasta 2027, por el que en 2021 se ha llegado ya a los 66 años. No obstante, la ley mantiene la jubilación a los 65 años si se tienen cotizados 38 años y medio, un periodo que también va subiendo progresivamente y que este año está en 37 años y 3 meses o más.
De esta forma, todos los nacidos a partir de 1948 están afectados por el aumento progresivo de la edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no podrán retirarse antes de los 67 años con el 100% de la pensión, salvo si tienen 38 años y medio cotizados a la Seguridad Social.
Ampliación del periodo de cómputo
Asimismo desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión, con lo que en 2021 se hará con los últimos 24 años cotizados y en 2022 se llegará a los 25 años. Una nueva ampliación del periodo de cómputo es precisamente lo que más polémica ha levantado respecto a la actual reforma, ya que el Gobierno no descarta volver a elevarlo, aunque aún no ha aclarado si con carácter general o solo para situaciones en las que pudiera resultar más ventajoso, como en el caso de aquellas personas despedidas en los últimos años de su vida laboral.
La filtración de un documento de trabajo interno en el que se planteaba el efecto de subirlo de 25 a 35 años ha generado fricciones dentro del Gobierno de coalición, por la oposición de Unidas Podemos a una medida que también rechazan los sindicatos. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha negado en los últimos días que se vaya a subir a 35 años y ha avanzado que la posibilidad de ampliarlo aún está sujeta a análisis y cálculos que todavía no se han trasladado a la mesa de diálogo social.
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