Málaga, 17 mar.- Los padres de la menor transexual que estudiaba en el colegio San Patricio de Málaga han presentado una querella contra la directora del centro docente y el obispo de Málaga, Jesús Catalá, al considerar que se vieron obligados al cambio de centro educativo.
En la querella presentada en los juzgados, que consta de nueve folios, se explica que los padres "se vieron forzados a cambiar a su hija el 21 de febrero de 2014, haciéndolo coincidir con el inicio de las vacaciones de Semana Blanca al objeto de ocasionar a su hija el mínimo trastorno posible".
Para el letrado que los representa, "se produjo una expulsión de facto", que ha supuesto separar a la niña de sus amigos.
Además, el abogado argumenta que dicho cambio de colegio ha sido para la menor de naturaleza "indudablemente traumática" y que "sólo puede achacarse a la intransigencia discriminatoria de los responsables".
El letrado acusa a la dirección del centro y a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, de la que depende, cuyo presidente es el obispo de Málaga, Jesús Catalá, de un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio.
Este delito está tipificado con penas de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
El colegio concertado San Patricio impuso la uniformidad obligatoria a la niña transexual, por lo que la familia finalmente optó por matricularla en un centro educativo de titularidad pública en la zona, donde le garantizaron que no sufriría ningún tipo de discriminación.
El obispo ya se pronunció sobre este asunto y aseguró que a la menor se le había dado un "trato exquisito" y que siempre se había actuado en su defensa, aunque insistió que consideraba que con su edad (7 años) aún no estaba definida la sexualidad de una persona.
Por otra parte, la Fiscalía de Violencia de Género archivó el asunto al entender que el centro no había cometido delito en el trato dispensado.
El abogado entiende que cuando la fiscal andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual, Flor de Torres, archivó las diligencias de investigación la menor continuaba en el centro educativo pero ahora las cosas han cambiado porque, a su entender, ha sido expulsada al imponerle la uniformidad obligatoria.
"Es una situación indigna y no razonable" porque el uniforme era claramente diferenciado, por lo que la familia se ha visto obligada al cambio de colegio, ha explicado a Efe el letrado.
Hace unos días, la Junta de Andalucía apercibió al colegio religioso concertado "por imponer la uniformidad obligatoria" y le advirtió de que, en caso de que persistieran en su postura, se podría iniciarse los trámites para la retirada del concierto educativo.
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