Los investigadores del caso Tándem han llegado al destino final de los pagos del BBVA a Villarejo. Una decena de entidades bancarias han cumplido con el requerimiento del magistrado Manuel García Castellón y han aportado todos los datos relativos a las cuentas ligadas a su entramado empresarial. El instructor puso la lupa en estos depósitos por ser los destinatarios finales de los 10,28 millones de euros que pagó el BBVA al comisario jubilado. La documentación entregada ahora por las entidades demuestra que estas cuentas están a nombre de personas de su círculo más íntimo como son su hijo José Manuel, su mujer Gemma Alcalá, sus socios Rafael Redondo y Antonio Giménez o su presunto testaferro Juan Carlos Escribano.
El magistrado ordenó esta diligencia a petición de Anticorrupción, la cual expuso en un escrito que de las investigaciones practicadas hasta el momento se había podido acreditar tanto la cuantía total de 10,3 millones de euros abonados por BBVA al Grupo Cenyt como lo que costaron los encargos por separado. La Policía Judicial concluyó que la cuenta matriz que canalizó las transferencias se abrió en 2004 -año en que arrancó la relación laboral entre las partes- y estaba controlada por Villarejo, su mujer y el abogado Rafael Redondo. El capital amasado durante esos años se utilizó con distintas finalidades, si bien el grueso fue a parar a otras firmas pertenecientes al Grupo Cenyt.
El Ministerio Fiscal enumeró entonces más de una treintena de sociedades que habrían sido las receptoras de los pagos del BBVA asegurando que "se carecía de información" de esos depósitos. Por ese motivo, el instructor al frente del caso Tándem ordenó a las entidades que suministraran toda la documentación que tuvieran de las cuentas abiertas por firmas del entramado de Villarejo. La respuesta, aportada recientemente al caso y recogida por este diario, demuestra cómo detrás de las mismas no figura directamente el comisario jubilado pero sí su entorno más cercano.
El rastro del dinero
De la documentación aportada se extrae que los pagos se repartieron principalmente en cuentas de las que eran titulares la propia Cenyt o una de las firmas clave de su entramado: CPD Real State SL. En algunos casos, la red del agente abrió estos depósitos a modo ahorro llegando a amasar en menos de un año 432.000 euros. En los documentos entregados a la Audiencia Nacional destaca la información recopilada sobre la sociedad Oilan 11, de la que era administradora única Francisca Gil. El material entregado demuestra que la primera mujer de Villarejo no se desvinculó de los negocios del comisario puesto que algunos créditos y depósitos a su nombre se abrieron ya en 2012 y 2015.
Los bancos requeridos explican en sus escritos que la mayoría de implicados en esta red no han tenido cuentas a nivel particular en dichas entidades, si bien figuran como apoderados de estas firmas que integran un negocio que la Policía Judicial cifra en 20 millones de euros. El grueso de los movimientos se produjo entre los años 2012 y 2013, si bien algunas operaciones se remontan a hace 15 años. Aunque hay algunas sociedades del entramado bastante conocidas -como Munno, Premium Salud o Cenyt Consult- se ha seguido el rastro de otras que hasta ahora eran más ocultas como ocurre con Lextor o Nadna Projects. En la primera de ellas figuran como apooderados José Manuel Villarejo Gil y Rafael Redondo mientras que de la segunda es titular Nieves Macarrón, vinculada al abogado socio del comisario jubilado.
Los bancos, que advierten que algunas de las cuentas abiertas se mantienen bloqueadas por orden de este juzgado, incluyen en esta red a un detective vinculado a los negocios de Villarejo: Antonio Giménez Raso. El policía, que actualmente no está en activo, también figuró como uno de los receptores finales de todos los encargos que gestionó el comisario hasta su detención en noviembre de 2017, al igual que lo hizo Juan Carlos Escribano desde la sociedad Camino de Camojan SL. Escribano está imputado en la macrocausa ante la sospechas de los investigadores de que actuó como testaferro del cabecilla de Tándem en sus negocios en Málaga. También figura como autorizado de las cuentas de EuroSuisse, Grupo SH y Zoelick.
De este modo, los investigadores llegan al destino último de los fondos que amasaron las sociedades con los pagos del BBVA. Además de estas operaciones, la Fiscalía Anticorrupción determinó que el capital acumulado se destinó al pago de gastos asociados a la actividad empresarial de Villarejo y a la obtención de participaciones sociales o ampliaciones de capital. Los investigadores han dedicado buena parte de sus pesquisas a estudiar la fortuna guardada no solo dentro de nuestras fronteras sino también en el extranjero. De hecho, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha cursado al menos siete comisiones rogatorias en todos estos años para seguir el rastro de capital que trasladó a países como Uruguay y Panamá para posteriormente repatriar a España.
Aunque Villarejo hizo encargos para muchas empresas del Ibex, BBVA fue uno de los clientes que más dinero ingresó por los encargos gestionados en 13 años de relación laboral. El análisis de todas las facturas aportadas a la causa llevó a los investigadores a desgajar el coste de cada trabajo. Así, solo con el proyecto bautizado como Trampa, el banco pagó 1 millón de euros. El mismo consistió en indagar a todo el entorno de Sacyr en 2004 ante el temor de que quería asaltar el capital del banco. Otros informes también relevantes son los relativos al proyecto Fish y Gate (por los que el banco pagó 2,82 millones) o King-Prasa (2,1 millones). Los mismos consistieron en investigar a Fernando Martín, al expresidente de Colonial Luis Portillo y al Grupo Prasa por la millonaria deuda que tenía contraía entonces con BBVA.
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